El proyecto de baterías de Puntiró, en Palma, recibe un revés ambiental
El Govern tumba la declaración de impacto ambiental de las baterías de Puntiró. El proyecto no ha acreditado su carácter de energía renovable ni ha justificado los riesgos de seguridad y contaminación hídrica.
El proyecto de una gran planta de baterías en el polígono 37 de Palma, junto al campo de golf de Puntiró, se ha topado con un muro administrativo infranqueable. La Dirección General de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental ha dictado una declaración de impacto ambiental desfavorable para la propuesta de SUN HIVE 85, que pretendía instalar un sistema de almacenamiento masivo de 82 MWh en suelo rústico.
Datos clave
- Resolución
- Declaración de impacto ambiental desfavorable
- Proyecto
- Planta de baterías de 82 MWh en Puntiró
- Fecha
- 10 de junio de 2026
- Motivos
- Falta de carácter renovable y riesgos ambientales
La resolución, firmada el 10 de junio de 2026, es contundente. El órgano ambiental concluye que la instalación no puede considerarse una infraestructura de generación renovable porque, al no estar hibridada con placas solares, se nutre directamente de la red eléctrica convencional. Esto impide clasificarla como proyecto industrial estratégico, una figura que permitiría saltarse las restricciones habituales del suelo rústico.
El expediente acumula deficiencias que han pesado en la decisión. La planta se proyectaba a menos de 100 metros de un pozo de abastecimiento de agua para la urbanización de Puntiró y de una edificación de uso indeterminado. Además, el estudio de impacto ambiental presentado por los promotores omitió riesgos críticos, como la gestión de vertidos tóxicos en caso de desbordamiento térmico de las baterías o la falta de un plan de extinción de incendios realista.
La fauna local también sale perjudicada en los informes. Se ha detectado la presencia de tortuga mediterránea en la parcela, así como la proximidad de nidos de aves rapaces, incluyendo un ratonero común a poco más de 100 metros de la zona de obras. Las medidas correctoras propuestas por la empresa, como la plantación de barreras vegetales, han sido descartadas por ser consideradas insuficientes o incluso desaconsejadas por motivos de seguridad.
El despliegue de las baterías requería una subestación elevadora de 41 MVA y una línea de evacuación de 10 kilómetros que el promotor pretendía compartir con otros parques fotovoltaicos. Sin embargo, la falta de definición sobre cómo afectaría la ampliación de la zanja de esta línea a la seguridad y al paisaje ha dejado el plan en papel mojado.
La resolución no admite recurso directo, aunque deja la puerta abierta a que el promotor presente un proyecto completamente nuevo que logre superar estos filtros ambientales y territoriales. Mientras tanto, el terreno en Palma seguirá destinado a su uso agrícola tradicional, tal como reclamaban las asociaciones de vecinos en sus alegaciones.
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