Vivienda, Territorio y Movilidad·Boletín Bien de las Illes Balears,

Luz verde al soterramiento eléctrico en la parcela 199 de Bunyola

El proyecto de electrificación para una vivienda en el polígono 7 de Bunyola recibe el informe ambiental favorable. La obra, de 270 metros, debe cumplir condiciones estrictas de protección contra incendios y erosión.

Llevar la red eléctrica hasta una vivienda unifamiliar en suelo rústico de Bunyola no es un simple trámite de zanja y cable. La parcela 199 del polígono 7, situada en la ladera meridional del puig de s'Aritjar, acaba de obtener el visto bueno ambiental para su electrificación. El proyecto, firmado por el ingeniero industrial Javier Russo, ha superado el examen de la administración con una condición clara: no se requiere una evaluación ambiental ordinaria, siempre que se sigan a rajatabla las medidas preventivas.

Datos clave

Estado
Informe ambiental favorable
Obra
Soterramiento de 270 m de línea eléctrica
Vigencia
6 años para el inicio de las obras
Condición
Presentar estudio de viabilidad energética

La obra consiste en soterrar una derivación individual de 270 metros de longitud desde la centralización de contadores frente al centro de distribución Alfàbia hasta la entrada de la vivienda. El trazado, que atraviesa suelo calificado en parte como área natural de especial interés y en parte como área rural de interés paisajístico, se beneficiará de una canalización ya existente en el tramo final de 100 metros.

Los informes técnicos han puesto el foco en la protección del entorno. Dado que el proyecto toca terreno protegido por la Red Natura 2000 y se encuentra en una zona con riesgo de erosión y desprendimientos, la orden de la directora general de Armonización Urbanística, Paz Andrade, es tajante: las zanjas deben permanecer abiertas el tiempo estrictamente necesario. Se debe evitar a toda costa el vertido de sustancias contaminantes y proteger la vegetación.

El proyecto ha tenido que sortear además la vigilancia sobre el riesgo de incendios forestales. Se prohíbe el uso de maquinaria que genere chispas en situaciones de Alerta Foc 4 y se obliga a realizar el repostaje en zonas seguras. Además, los promotores deberán presentar un estudio de viabilidad sobre el uso de energía solar o eólica para acreditar que el suministro convencional es la única opción viable.

La resolución ya es oficial y tiene una vigencia de seis años. Si las obras no arrancan antes de ese plazo, el informe ambiental caducará. Es un paso definitivo para la vivienda, que hasta ahora se abastecía únicamente mediante energías renovables y un grupo electrógeno de apoyo.

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