Obras en túneles de Cercanías: el mapa de expropiaciones

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha puesto en marcha la maquinaria administrativa para adaptar los túneles de la red de Cercanías en el núcleo urbano que conecta Barcelona, Sabadell y Terrassa. Si tienes interés directo en los bienes o derechos afectados por este proyecto de obra civil, el boletín oficial detalla ya la relación de parcelas que sufrirán ocupación temporal o expropiación, marcando el inicio de un plazo de alegaciones de quince días hábiles que cuenta a partir de la publicación del anuncio.

La inmensa mayoría de las fincas afectadas son titularidad del Ayuntamiento de Barcelona, incluyendo calles tan concurridas como la Rambla de Catalunya, la Gran Via de les Corts Catalanes o la calle Aribau, donde se prevé una ocupación temporal de casi 1.800 metros cuadrados. En total, la relación de bienes individualizados alcanza las 44 referencias catastrales repartidas entre las tres ciudades.

En el caso de Sabadell, el documento detalla dos parcelas en la Avenida de Estrasburg, mientras que en Terrassa la afectación toca el Passeig Vint-i-dos de Juliol y los Jardins de Bacares. En estas dos localidades, la gestión de los terrenos aparece vinculada tanto a los consistorios locales como a la Gerencia de Área de Patrimonio y Urbanismo de Adif.

Si necesitas revisar los planos o el detalle de las expropiaciones para presentar alguna discrepancia, puedes consultar la documentación en la Delegación del Gobierno en Cataluña, situada en la calle Bergara 12 de la capital catalana, en las oficinas de Adif en Madrid, o directamente en las sedes de los ayuntamientos implicados. La información también permanece abierta a consulta en el portal de transparencia de la web oficial de Adif.

Para formalizar cualquier rectificación o mostrar tu oposición por cuestiones de fondo o forma, el trámite debe dirigirse por escrito a la Subdirección de Proyectos de Obra Civil en Madrid. La administración también habilita el Registro Electrónico General del Estado y su propia sede electrónica como vías digitales para gestionar la documentación dentro del periodo legal establecido.