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Figaró-Montmany·Boletín Bien de Barcelona,

Figaró-Montmany ajusta el control de sus cuentas municipales

El Ayuntamiento simplifica la fiscalización de su actividad económica para agilizar los trámites internos sin perder el rigor en el gasto.

El pleno municipal de Figaró-Montmany ha decidido cambiar las reglas de juego con las que se fiscalizan sus ingresos y gastos. Lo que hasta ahora era un proceso más rígido se transforma en un régimen de control interno simplificado, una medida que busca aligerar la carga administrativa siguiendo las directrices del Real Decreto 424/2017.

Datos clave

En vigor
Al día siguiente de la publicación oficial
Qué cambia
Se adopta un modelo de fiscalización limitada sobre requisitos básicos
Marco legal
Real Decreto 424/2017 y actualizaciones de 2008, 2011, 2018 y 2021

Este cambio, aprobado el pasado 25 de mayo y publicado en el boletín provincial, afecta directamente a cómo la Intervención municipal supervisa las facturas y los derechos de cobro. A partir de ahora, se sustituye la fiscalización previa exhaustiva por un control inherentemente ligado al registro contable para los ingresos de la Tesorería y sus organismos dependientes.

Para las obligaciones y gastos, el Ayuntamiento adopta un modelo de fiscalización limitada sobre requisitos básicos. Esto significa que los técnicos se centrarán en comprobar los puntos clave definidos en los nuevos anexos del acuerdo, adaptados a los criterios dictados por el Consejo de Ministros en sus actualizaciones de 2008, 2011, 2018 y 2021.

Si bien el acuerdo detalla qué tipos de gastos entrarán en este nuevo régimen, el pleno ha blindado la norma incluyendo una cláusula de seguridad: cualquier tipología de gasto que no aparezca explícitamente enumerada en los anexos también quedará sujeta a esta fiscalización limitada, asegurando que ninguna partida escape al control general regulado por el Estado.

Con esta aprobación, el Ayuntamiento deja sin efecto cualquier norma interna anterior que contradijera estos nuevos procedimientos. El régimen entra en vigor al día siguiente de su publicación oficial, marcando un cambio en la operativa cotidiana de las arcas municipales bajo la firma del alcalde, José Luis Hernández Arteseros.

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