Font-rubí aprueba su reglamento para el alquiler de pisos públicos

El Ayuntamiento de Font-rubí ya tiene el marco legal necesario para gestionar sus futuras viviendas de alquiler público. El pleno municipal aprobó definitivamente, tras el periodo de exposición pública en el que no se presentaron reclamaciones, el reglamento que regirá la cesión de uso de estos pisos dotacionales destinados a colectivos con dificultades de emancipación o necesidades habitacionales temporales.

El documento, que ya está publicado en el boletín oficial, detalla que el consistorio podrá gestionar estos inmuebles de forma directa o indirecta. La finalidad principal es facilitar la movilidad residencial y ofrecer opciones asequibles a jóvenes, personas mayores que vivan solas o en aislamiento, y ciudadanos en situaciones de emergencia o necesidad de acogida.

Quienes accedan a estas viviendas deberán cumplir una serie de obligaciones estrictas. Entre ellas, la de establecer su residencia habitual y empadronarse en el municipio, además de pagar una tarifa mensual que será similar a la renta de los pisos protegidos. El incumplimiento de estas normas, como el impago de la renta, el subarriendo ilegal o las molestias graves a los vecinos, será causa de resolución automática del contrato.

El reglamento también contempla la creación de una comisión técnica municipal que se reunirá al menos una vez al año para supervisar el seguimiento de este servicio. Este órgano será el encargado de determinar los criterios específicos de cada promoción de vivienda, incluyendo los requisitos de antigüedad en el padrón de Font-rubí que se exigirán a los futuros solicitantes.

Los usuarios deberán permitir inspecciones periódicas para comprobar el estado de conservación de los inmuebles. Las reparaciones necesarias derivadas del uso inadecuado correrán a cargo de los inquilinos, pudiendo deducirse su coste directamente de la garantía depositada al inicio del contrato.

Los interesados en este régimen deben tener presente que los detalles sobre los procesos de adjudicación y los plazos se concretarán en las bases reguladoras que el Ayuntamiento publicará para cada proyecto específico. La normativa, que entra en vigor tras este trámite oficial, busca garantizar un uso transparente de estos recursos públicos en el municipio.