Viviendas sociales en Can Terrers: las nuevas bases de La Garriga

El Ayuntamiento de La Garriga ha formalizado el marco normativo para gestionar su parque público de viviendas en el carrer Can Terrers, 2-4. Tras el acuerdo del pleno del pasado 27 de mayo, se abre ahora un periodo de información pública de 30 días hábiles para que los vecinos interesados puedan presentar sugerencias o reclamaciones antes de que el texto sea definitivo.

El programa está específicamente diseñado para facilitar el acceso a inquilinos pertenecientes a contingentes especiales: personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33 por ciento, familias monoparentales con hijos y mayores de 65 años que conserven su autonomía. El objetivo municipal es claro, fomentar la emancipación juvenil, favorecer el arraigo en el municipio y asegurar la diversidad generacional en los barrios.

Para poder participar en el futuro sorteo de adjudicación, es indispensable estar inscrito en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya con al menos 15 días naturales de antelación respecto a la fecha del sorteo. Además, se requiere estar empadronado en La Garriga durante un mínimo de tres años continuados, o bien sumar tres años dentro de los siete anteriores a la solicitud.

El acceso a estos inmuebles no es ilimitado. Las bases establecen un sistema de ingresos ponderados para asegurar el acceso a quienes más lo necesitan, pero también para garantizar la sostenibilidad del pago. Para este 2026, por ejemplo, el límite de ingresos máximos para una unidad de convivencia de una sola persona se fija en 24.055,45 euros anuales.

La adjudicación final se decidirá mediante un sorteo público entre todas las solicitudes que cumplan los requisitos. Una vez extraído el número que marque el orden de prelación, los afortunados deberán acreditar documentalmente toda la información declarada, incluyendo certificados negativos de propiedad y datos fiscales, en un plazo de diez días hábiles.

El alquiler mensual tendrá un coste máximo de 10,93 euros por metro cuadrado de superficie útil de vivienda y 5,47 euros por metro cuadrado de plaza de aparcamiento. A este importe se sumará una cuota mensual del 5 por ciento de la renta, destinada a cubrir gastos generales, servicios comunes y pequeñas reparaciones de la comunidad.

Los contratos tendrán una duración inicial de siete años. Durante este tiempo, la normativa municipal impone obligaciones estrictas, como el uso de la vivienda como residencia habitual y permanente, quedando prohibido cualquier uso turístico, comercial o el subarrendamiento.

Si el proceso de exposición pública transcurre sin alegaciones, las bases se aprobarán de forma automática. En caso de que se presenten reclamaciones, la Junta de Gobierno Local será la encargada de resolverlas antes de dar luz verde al inicio de la convocatoria pública donde se concretará el número exacto de inmuebles disponibles.