Montgat actualiza su ordenanza fiscal 21 para negocios y actividades

Si tienes un negocio en Montgat o planeas abrir uno, es importante que conozcas los cambios que ha formalizado el Ayuntamiento en su ordenanza fiscal número 21. Esta norma regula cuánto pagas por las licencias municipales, comunicaciones previas y las inspecciones de control que realiza la administración local en tu actividad o local.

El cambio más llamativo es la desaparición del punto 13 del artículo 6, que establecía una tasa específica de 135 euros para las licencias de espectáculos públicos y actividades recreativas en establecimientos no permanentes desmuntables, excluyendo a los circos. Al derogar este punto y su correspondiente apartado en el artículo 7, el Consistorio ajusta su marco de recaudación a partir de este ejercicio 2026.

Para el resto de las actividades, la ordenanza sigue aplicando tarifas basadas en la superficie útil de las instalaciones. Por ejemplo, una comunicación de inicio de actividad con certificado técnico parte de una base de 317,20 euros, a la que se suman tramos progresivos de 4,16 euros por metro cuadrado hasta los 100, 2 euros entre 101 y 200 metros, y 1 euro por cada metro adicional.

Las licencias que requieren proyecto técnico o las ambientales, como las recogidas en el Anexo II de la ley de prevención ambiental, parten de una base más elevada, situada en los 1.076,40 euros. Si se trata de inspecciones posteriores en materia de salud pública o seguridad alimentaria, el coste de cada actuación se fija en 167,13 euros exactos.

El documento precisa que no se admiten exenciones ni bonificaciones fiscales. Además, en caso de desistimiento, el Ayuntamiento aplicará una liquidación reducida: el 60 por ciento de la tarifa si ya se ha emitido informe técnico, o el 20 por ciento si la actividad ni siquiera llegó a iniciarse realmente.

La norma entra en vigor tras su publicación definitiva en el boletín provincial, una vez superado el trámite de exposición pública sin alegaciones. Cualquier discrepancia con esta liquidación administrativa deberá canalizarse a través de la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal de Instancia de Barcelona en el plazo de dos meses.