Montornès del Vallès estrena normas para las dietas de sus grupos

Los grupos municipales de Montornès del Vallès tienen nuevas reglas del juego para justificar cómo gastan el dinero público que reciben de las arcas locales. El Ayuntamiento ha aprobado definitivamente su nuevo Reglamento regulador de las asignaciones económicas, un texto que busca poner orden en la contabilidad de los partidos con sede en la corporación municipal. Si hasta ahora la transparencia era una cuestión de voluntad, el nuevo articulado establece una obligación clara y detallada de rendición de cuentas ante la Intervención municipal.

El reglamento, que entrará en vigor en cuestión de días, pone el foco en la fiscalización. Los grupos políticos no solo deben poseer una identificación fiscal propia y separada de la de su partido político, sino que tendrán que llevar una contabilidad específica donde cada euro sea trazable. Quedan prohibidos expresamente los pagos con cheques al portador y se exige que cualquier factura o comprobante esté emitido a nombre del grupo municipal correspondiente.

La norma es especialmente estricta con el destino de los fondos. Las asignaciones tienen un carácter finalista, lo que significa que deben usarse exclusivamente para el funcionamiento ordinario y las tareas propias de los grupos. El reglamento prohíbe pagar sueldos de personal al servicio del Ayuntamiento o adquirir bienes inventariables, como muebles o equipos informáticos de larga duración, que deben ser cubiertos por otras vías. Tampoco se admiten gastos electorales, intereses de demora o sanciones, marcando una línea roja clara sobre lo que es, y lo que no es, actividad política ordinaria.

Para facilitar el proceso, el Ayuntamiento incluye en los anexos modelos de declaración responsable, tanto para el control de gastos como para las aportaciones que los grupos hagan a sus partidos matriz. En estos casos, los grupos deberán presentar un convenio de colaboración y una memoria económica detallada. Los responsables de los grupos políticos tienen ahora el deber de guardar los originales de toda la documentación durante la legislatura para posibles revisiones externas.

El calendario es el aspecto más crítico para los grupos. La justificación de los gastos de la anualidad anterior debe presentarse, sin falta, antes del 15 de julio de cada ejercicio. El incumplimiento de este plazo conlleva una consecuencia inmediata: la retención de los futuros pagos de la asignación económica hasta que la situación se regularice ante el pleno.

Como excepción, el reglamento incluye una disposición transitoria para el mandato actual, 2023-2027, que permite justificar ahora todos los gastos que hayan quedado pendientes durante el transcurso de la legislatura. Al finalizar el mandato, el plazo para el cierre contable se reduce drásticamente, obligando a presentar la documentación diez días antes de la constitución de la nueva corporación municipal.

Aquellos grupos que al final del mandato conserven remanentes o dinero no gastado deberán reintegrar la totalidad de los fondos a la Tesorería municipal. En caso de no producirse el reintegro en el plazo marcado, la regiduría de gestión económica iniciará el correspondiente expediente de cobro, cuya aprobación final recaerá en el plenario.