Dos nuevos puestos de técnico en el Ayuntamiento de Polinyà

El Ayuntamiento de Polinyà ha formalizado esta semana la creación de dos puestos de trabajo clave para el engranaje municipal. Se trata de dos plazas de Técnico de Administración General (TAG), una especializada en el ámbito económico y de contratación, y la otra centrada en el área jurídica, ambas clasificadas dentro del grupo A1.

Estas incorporaciones, que se cubrirán mediante concurso o concurso-oposición, buscan cubrir necesidades técnicas específicas en la gestión diaria. La plaza de TAG de Servicios Económicos y Contratación, identificada con la ficha número 89, se encargará, entre otras tareas, de la gestión presupuestaria, la redacción de pliegos de contratación y la búsqueda de subvenciones, además de supervisar la ejecución económica de los proyectos municipales.

Por su parte, el puesto de TAG Jurídico, con ficha número 90, asumirá un rol más litigioso y normativo. Este perfil liderará la elaboración de reglamentos y ordenanzas, supervisará expedientes sancionadores y se encargará de la defensa jurídica del consistorio ante los tribunales, garantizando la seguridad jurídica en cada paso administrativo que dé el equipo de gobierno.

Para ocupar cualquiera de estos dos puestos, los candidatos deberán contar con la titulación universitaria correspondiente al subgrupo A1. Mientras que para el puesto económico se valora una formación en economía o derecho, el perfil jurídico requiere estrictamente un grado en Derecho, además del máster de acceso a la abogacía para los graduados.

En ambos casos, el Ayuntamiento ha fijado un complemento específico idéntico de 21.008,40 euros brutos anuales, estableciendo así una homogeneidad retributiva con el resto de técnicos de igual categoría en la plantilla. El nivel de destino para ambas posiciones se ha fijado en 26.

El proceso de selección pondrá el foco en méritos como la gestión de proyectos, la administración electrónica y la capacidad para la tramitación administrativa, adaptándose así a la realidad digital de la administración pública actual. Quien busque impugnar esta decisión municipal dispone de dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.