Nuevas reglas para las ayudas sociales en Sant Quirze del Vallès

Si tu familia atraviesa dificultades económicas o se encuentra en una situación de riesgo social en Sant Quirze del Vallès, el nuevo reglamento municipal de prestaciones, aprobado de forma definitiva, establece el marco bajo el cual podrás solicitar apoyo a partir de ahora. El texto busca unificar y modernizar el acceso a recursos que van más allá de los ayudas reactivas, intentando que cada prestación esté vinculada a un plan de mejora individual.

El sistema de concesión se basa en una puntuación que suma un 70% de criterios económicos y un 30% de valoración social realizada por el Equipo Básico de Atención Social (EBAS). Según el nivel de vulnerabilidad detectado, que se clasifica en precario, moderado, grave o extremo, el Ayuntamiento financiará entre el 30% y el 100% de la ayuda solicitada, garantizando la financiación total en casos de extrema y severa necesidad.

Las ayudas cubren un abanico amplio que abarca desde la alimentación, ropa y calzado, hasta el pago de suministros básicos, alquiler o hipoteca para evitar la pérdida del hogar. También se incluyen prestaciones sanitarias específicas, como tratamientos de salud bucodental y un nuevo programa de podología para mayores de 65 años con rentas disponibles limitadas, que cubre un máximo de seis servicios anuales.

El reglamento introduce la tarjeta monedero para el programa de alimentos, cuyos importes varían según el número de miembros de la unidad familiar y el grado de vulnerabilidad, partiendo de los 45 euros mensuales para una persona en situación precaria hasta los 285 euros para familias de cinco o más integrantes en situación extrema.

Para acceder a estas ayudas, es requisito estar empadronado en el municipio, aunque existen excepciones justificadas por los técnicos municipales para casos de especial vulnerabilidad, personas sin hogar o víctimas de violencia machista. La normativa establece que los beneficiarios deberán comprometerse a seguir un plan de trabajo y justificar el gasto mediante facturas en un plazo máximo de tres meses.

El procedimiento administrativo permite iniciar la solicitud de parte o de oficio, garantizando una respuesta en un plazo máximo de un mes una vez el expediente esté completo. En caso de no estar de acuerdo con la resolución, los interesados tienen dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.