Rehabilitación en Pirineus 9-11: el Ayuntamiento asume las obras
El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet interviene en la finca del número 9-11 de la calle Pirineus para evitar el colapso del edificio, actualmente deshabitado.
Los vecinos de la finca situada en el número 9-11 de la calle Pirineus, en Santa Coloma de Gramenet, han alcanzado un acuerdo con el Ayuntamiento para salvar su edificio. El inmueble, que actualmente se encuentra estintolado y deshabitado por riesgo estructural, será objeto de una rehabilitación integral impulsada por la administración local.
Datos clave
- Inmueble
- Calle Pirineus 9-11, Santa Coloma de Gramenet
- Estado
- Desalojado por riesgo estructural
- Presupuesto obras
- 590.000 € (sin IVA)
- Honorarios técnicos
- 110.000 € (sin IVA)
- Vigencia
- 4 años
El edificio acumulaba problemas serios de estabilidad desde febrero de 2024, cuando se dictó el cese de uso de sus viviendas y locales. La comunidad, incapaz de afrontar por sí misma los altos costes de las reparaciones necesarias, ha buscado el amparo municipal bajo la vía de un convenio urbanístico especial. El Ayuntamiento asume ahora la gestión técnica del proyecto para evitar el deterioro irreversible de la estructura.
El plan prevé un coste orientativo de 590.000 euros para las obras, a lo que hay que sumar otros 110.000 euros en honorarios técnicos y 10.000 euros reservados para el mantenimiento de los puntales actuales. Todas estas cifras no incluyen el IVA, y serán repercutidas entre los propietarios en función de su coeficiente de propiedad en la finca.
Para facilitar el proceso, la comunidad ha delegado en el Ayuntamiento la gestión del cobro de cualquier ayuda pública que pueda obtenerse. Las subvenciones que lleguen de otras administraciones se descontarán directamente del coste total de la rehabilitación, reduciendo así la cuota final que deberá abonar cada vecino. El Ayuntamiento licitará las obras mediante un procedimiento abierto para asegurar la concurrencia competitiva.
El convenio, suscrito por el primer teniente de alcaldesa, Antoni Suárez, tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogables por otros cuatro. Las partes crearán una comisión de seguimiento para vigilar el cumplimiento de estos acuerdos. Las obras deberán ser lo suficientemente precisas para obtener, tras su finalización, el Certificado de Aptitud del edificio.
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