Terrassa reparte 90.000 euros en ayudas para cuidados a domicilio

El Ayuntamiento de Terrassa ha dado luz verde a la distribución de 90.000 euros destinados a proyectos de atención domiciliaria y apoyo a cuidadores no profesionales. El decreto municipal, publicado esta semana, confirma el respaldo económico a una docena de entidades locales que trabajan para facilitar el día a día de personas con dificultades de autonomía personal.

El Consorci Sanitari de Terrassa se lleva la mayor parte del fondo con 35.000 euros para su banco de dispositivos de apoyo, a los que se suman otros 4.000 euros para su vertiente pediátrica. Por otro lado, Oncolliga recibe 15.000 euros destinados específicamente al servicio de atención a domicilio para pacientes oncológicos, igualando en cuantía a la Associació per la Vida Independent.

La lista de beneficiarios refleja una amplia red de apoyo social en la ciudad. La Fundació Prodiscapacitats Terrassenca percibirá 2.000 euros para sus grupos de apoyo a familiares cuidadores, mientras que la Mutua de Terrassa obtiene 16.126 euros y 20 céntimos para el alojamiento de familias desplazadas con menores hospitalizados en la UHTEA.

La Associació Salut Mental Terrassa (SMT) ha logrado financiar tres líneas de actuación distintas por un total de 9.000 euros, repartidos entre sus programas de intervención familiar, acompañamiento a la comunidad y atención integral. Otras entidades como l’Eina, Associació Els Dols, Associació Meraki y la Asociación Afecto Mariposa completan el listado con importes menores que oscilan entre los 1.200 y los 3.800 euros.

No todas las peticiones han llegado a buen puerto. El consistorio ha desestimado las solicitudes presentadas por Mutua de Terrassa (en otra línea de actuación) y por Lidia Fernández, al considerar que sus propuestas no encajaban en los criterios de subvencionalidad definidos en las bases.

El pago de estas ayudas se realizará en dos tramos: un 80 por ciento inicial de forma ordinaria y el 20 por ciento restante una vez se haya justificado el gasto total del proyecto. Las entidades tienen un plazo máximo de dos meses tras finalizar su actividad para entregar la memoria justificativa.

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer un recurso de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes, o bien optar por la vía contencioso-administrativa en los juzgados de Barcelona dentro de los próximos dos meses.