Sant Pol de Mar y el Consell Comarcal actualizan sus ayudas sociales

El Consell Comarcal del Maresme y el Ayuntamiento de Sant Pol de Mar han formalizado una addenda a su convenio de colaboración para 2025, centrada en coordinar y financiar los servicios sociales básicos y programas específicos de bienestar social en el municipio. El acuerdo blinda la atención técnica y los recursos habitacionales en un año marcado por la puesta en marcha de planes específicos contra el sinhogarismo.

El despliegue económico para 2025 asciende a un total de 225.126,29 euros para el conjunto de programas contemplados. De esta cifra, el Consell Comarcal asume 172.928,33 euros, mientras que la aportación municipal se cifra en 52.197,96 euros para sufragar los costes que no quedan cubiertos por el contrato programa.

Una de las piezas clave del acuerdo es la consolidación del equipo de atención a la infancia y adolescencia, además de la incorporación de un nuevo programa de asesoramiento técnico para los equipos básicos de atención social (EBAS). En este caso, el coste para el Ayuntamiento se ha ajustado mediante una aportación foral que minimiza el impacto económico directo sobre las arcas locales.

El programa de atención a personas sin hogar, uno de los ámbitos con mayor despliegue técnico, contempla la figura de una técnica de referencia, equipos de acompañamiento socioeducativo y el uso de plazas de acogida temporal, incluyendo el proyecto Sostre 360 y la casa de acogida Avidi para mujeres mayores de 50 años. El Consell Comarcal gestionará el acceso a estos recursos mediante una comisión de casos, garantizando así la cobertura de necesidades básicas.

Como parte del convenio, se establece un recargo del 8 por ciento en concepto de gastos generales sobre el coste de los servicios, calculado en función del peso poblacional de Sant Pol de Mar, que cuenta con 5.428 habitantes según el censo de 2020. El acuerdo entró en vigor tras su formalización el 3 de marzo de 2026, si bien los efectos económicos se retrotraen al ejercicio 2025.

Las administraciones han reforzado su compromiso con la figura del padrón activo, facilitando el acceso a derechos sociales a personas que residen de forma permanente en el municipio, aunque carezcan de una vivienda en condiciones estándar. La medida busca evitar que la falta de un domicilio convencional actúe como barrera para la atención básica.

La liquidación definitiva de los fondos se realizará en el ejercicio siguiente, una vez aprobado el presupuesto comarcal y emitido el dictamen del Departament de Drets Socials. El Consell Comarcal adelantará el 90 por ciento de los importes a la firma de esta addenda para asegurar la continuidad asistencial.