Calella y el Consell Comarcal del Maresme, unidos por los informes

Si vives en Calella y te encuentras en pleno proceso de arrelament o renovación de tu permiso de residencia, un nuevo acuerdo administrativo firmado esta semana va a cambiar quién se sienta al otro lado de la mesa para valorar tu esfuerzo de integración. El Ajuntament de Calella y el Consell Comarcal del Maresme han formalizado un convenio para externalizar la gestión técnica de estos informes.

El objetivo de este pacto es centralizar la elaboración de las propuestas de los informes de esfuerzo de integración social, un documento clave para acreditar que una persona está integrada en la sociedad. Hasta ahora, el proceso dependía de la gestión directa del consistorio, pero a partir de ahora, el Consell Comarcal asumirá la parte técnica y la atención directa a los solicitantes.

Para que esto funcione, el Ayuntamiento se ha comprometido a ceder un espacio físico en sus propias dependencias, dotado con ordenador y acceso a internet, para que el personal técnico del Consell pueda llevar a cabo las entrevistas y el trabajo de campo necesario. El personal que prestará este servicio, perteneciente al grupo C1, actuará con autonomía, sin que esto suponga ningún vínculo laboral con la administración local.

El coste de este soporte se calculará bajo una tarifa técnica que, para el ejercicio actual, se ha fijado en 50,03 € por cada hora de trabajo de técnico auxiliar. Dado que cada propuesta de informe se barema por el equivalente a una hora de dedicación técnica, el coste final para las arcas municipales dependerá directamente del volumen de solicitudes que se gestionen durante el año.

El convenio, firmado inicialmente por Marc Buch Rigola y Rafael Navarro Álvarez, tiene una vigencia máxima de cuatro años. Además de la gestión de los informes, el acuerdo incluye un protocolo estricto sobre protección de datos, ya que el Consell Comarcal actuará como encargado del tratamiento de toda la información personal de los solicitantes mientras dure el servicio.

La liquidación de los gastos vinculados a este trabajo técnico se llevará a cabo en dos periodos anuales, en junio y diciembre. En caso de discrepancias en el servicio, las partes han acordado crear una comisión de seguimiento con dos representantes de cada administración para resolver los problemas de forma amistosa antes de recurrir a la vía contencioso-administrativa.