Ayudas de hasta 3.000 euros para propietarios en el Maresme

El Consell Comarcal del Maresme busca ampliar su parque de vivienda de alquiler social y, para ello, abre la puerta a los propietarios particulares que cuenten con pisos desocupados. La iniciativa busca que estos inmuebles vuelvan al mercado bajo el programa de la Borsa de Mediació, ofreciendo un incentivo económico para sufragar los gastos de adecuación, pequeñas reparaciones o la obtención de certificados energéticos y cédulas de habitabilidad necesarios para el arrendamiento.

La ayuda alcanza un máximo de 3.000 euros por vivienda, siempre que el propietario no sea considerado gran tenedor según la normativa vigente desde febrero de 2025. El compromiso fundamental para quienes reciban este apoyo es mantener el piso dentro del programa de alquiler social de la comarca durante un periodo mínimo de cinco años.

Para esta anualidad de 2026, se ha establecido una dotación inicial de 12.000 euros que podría ampliarse según la demanda. El sistema elegido es el de concurrencia no competitiva, lo que significa que el presupuesto se repartirá entre todos los beneficiarios que cumplan con los requisitos técnicos, prorrateando el importe si las solicitudes superan la partida disponible.

Los trabajos de reforma deberán haberse realizado durante este mismo año para ser subvencionables. Las actuaciones cubiertas incluyen desde la adecuación de estancias para hacerlas habitables de forma inmediata, hasta la reparación de instalaciones de agua, gas y electricidad o el simple repaso de pintura, suelos y carpintería, siempre bajo la validación técnica de la Oficina Comarcal d'Habitatge.

El plazo para presentar las solicitudes se abrirá al día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona y se extenderá hasta el 4 de noviembre de 2026 inclusive. Aquellos que deseen participar deberán presentar la documentación exigida, que incluye la nota simple del registro de la propiedad y las facturas de las obras realizadas.

Las personas jurídicas tienen la obligación de tramitar su solicitud de forma electrónica, mientras que los particulares pueden optar tanto por la vía telemática como presencial en las oficinas del Consell Comarcal. En el caso de que la documentación presentada fuera incompleta, el solicitante dispondrá de un plazo de diez días hábiles para subsanar los errores antes de que se archive el expediente.