La Mancomunitat de la Vall del Tenes estrena sus nuevos estatutos
La Mancomunitat de la Vall del Tenes ha formalizado la actualización de su norma interna tras completar el periodo sin alegaciones. Cuatro municipios definen su estructura y gestión.
La Mancomunitat de la Vall del Tenes ha cerrado definitivamente la renovación de sus estatutos. Tras meses de tramitación sin que se presentara una sola reclamación o sugerencia vecinal, el texto actualizado ya es oficial y rige la convivencia de los municipios de Bigues i Riells del Fai, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall y Santa Eulàlia de Ronçana.
Datos clave
- Municipios
- Bigues i Riells del Fai, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Santa Eulàlia de Ronçana
- Sede
- Casa de la Vila, Lliçà de Vall
- Servicios
- Escuela de Música, Empresa y Ocupación, Drogodependencias y Formación de Adultos
El documento establece las reglas del juego para una entidad que gestiona servicios tan cotidianos como la Escuela de Música, el centro de formación de adultos y el plan de drogodependencias. La sede administrativa se mantiene en la planta segunda de la Casa de la Vila de Lliçà de Vall.
La norma aclara que la Mancomunitat tiene duración indefinida. Sus acuerdos obligan a los ayuntamientos integrantes y a sus vecinos, centralizando la toma de decisiones en una Junta donde cada consistorio aporta tres representantes.
El nuevo texto pone negro sobre blanco cómo se gestionan las salidas y entradas. Si un ayuntamiento quiere abandonar la Mancomunitat, deberá solicitarlo con dos años de antelación y acreditar una antigüedad mínima de cuatro años. Además, debe estar al corriente de pago.
Para el funcionamiento interno, se confirma la existencia de una Comisión Especial de Cuentas y se obliga a contar con figuras clave como un secretario, un interventor y un tesorero. Estos puestos recaerán preferentemente en funcionarios de habilitación estatal que ya trabajen en los municipios asociados.
El régimen económico también se detalla: los ingresos vendrán de las tasas por servicios, las aportaciones municipales, subvenciones y posibles créditos. Todo bajo la supervisión de la Junta, que es el órgano competente para modificar presupuestos o fijar las tarifas de los servicios públicos mancomunados.
El documento ya es ley.
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