La Mancomunitat La Plana estrena su propia bolsa de trabajo

Si trabajas en la administración local dentro de la Mancomunitat La Plana, o si aspiras a hacerlo, esta noticia te interesa. La Mancomunitat ha aprobado definitivamente su nuevo reglamento para gestionar el acceso a la función pública, un movimiento con el que busca aliviar la carga técnica que supone realizar procesos selectivos en ayuntamientos que, salvo Tona, carecen de personal especializado en recursos humanos.

El servicio, que nace con vocación de soporte técnico, permitirá a los municipios mancomunados crear y utilizar bolsas de trabajo comunes. El objetivo es profesionalizar la selección de personal funcionario interino y laboral temporal, garantizando los principios de mérito, capacidad e igualdad sin que cada ayuntamiento tenga que gestionar el proceso desde cero.

Para que un consistorio pueda utilizar estas bolsas, primero deberá formalizar su adhesión mediante un convenio específico. Una vez dentro, podrá solicitar a la Mancomunitat el uso de las listas para cubrir sus necesidades. El reglamento establece que el orden de preferencia para asignar a los candidatos se decidirá estrictamente por la fecha y hora de entrada de la solicitud en el registro.

La financiación del sistema recaerá en los ayuntamientos adheridos, mediante una cuota que fijará la Asamblea General en los presupuestos anuales. No obstante, el reglamento deja abierta la posibilidad de que parte de estos gastos se sufraguen mediante tasas que deberán abonar las propias personas que se presenten a los procesos de selección.

Es importante recordar que este sistema es de carácter voluntario y no supone que los municipios cedan la titularidad de sus competencias, sino que encomiendan a la Mancomunitat la gestión material de las pruebas. La Presidencia de la Mancomunitat asumirá la tarea de designar tribunales, aprobar convocatorias y validar los resultados finales.

El reglamento entra en vigor una vez transcurridos quince días desde la publicación del anuncio. Quien desee presentar un recurso contencioso-administrativo contra esta aprobación tiene un plazo de dos meses ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.