Mancomunitat Penedès-Garraf: 3.000 euros para formación interna
La Mancomunitat ajusta su presupuesto para financiar cursos de formación de servicios centrales, extrayendo los fondos de una plaza que tardará en cubrirse.
La Mancomunitat Penedès-Garraf ha dado luz verde a una pequeña reordenación contable que afecta directamente a los recursos destinados al personal de servicios centrales. Se trata de una modificación de crédito de 3.000 euros destinada específicamente a cubrir necesidades de formación que la administración considera prioritarias y que, según el informe técnico, no pueden posponerse al próximo ejercicio.
Datos clave
- Importe
- 3.000 € para formación interna
- Plazo
- 15 días hábiles para examinar el expediente y presentar alegaciones
- Origen fondos
- Reducción de la partida de nóminas de 181.654,81 €
- Plaza afectada
- Técnico Superior de Proyectos y Mantenimiento con retribución de 38.262 €
El dinero no sale de una partida cualquiera. La maniobra se financia reduciendo la partida de nóminas laborales, concretamente de los 181.654,81 euros inicialmente presupuestados para la plantilla. La razón del excedente es la vacante de un puesto de Técnico Superior de Proyectos y Mantenimiento, con una retribución anual de 38.262 euros, cuya incorporación no se espera hasta finales de agosto de 2026.
Al no cubrirse la plaza en los meses previstos por el cronograma de la Oferta Pública de Ocupación, el organismo ha decidido aprovechar este margen presupuestario para impulsar el programa de formación de los servicios centrales. La operación, que ya cuenta con el visto bueno de la intervención accidental, se formaliza mediante un crédito extraordinario.
La decisión está ahora en fase de exposición pública. Cualquier persona interesada tiene un plazo de quince días hábiles para examinar el expediente en Vilanova i la Geltrú y, si lo considera necesario, presentar alegaciones antes de que el acuerdo se considere definitivo.
Si no se registran reclamaciones durante este periodo, la modificación entrará en vigor automáticamente. En caso de que aparezcan objeciones, el órgano competente dispondrá de un mes adicional para resolverlas, manteniendo así la disciplina presupuestaria que exige la ley de estabilidad financiera.
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