Siete entidades locales y el ajuste de cuentas del Programa Renovables

Siete ayuntamientos y un consorcio comarcal tienen ahora una tarea pendiente con la Diputación de Barcelona: explicar qué ha pasado con los algo más de 902.000 euros que el Programa Renovables 2030 dejó sin justificar en sus últimas cuentas provisionales. La Diputación acaba de emitir una liquidación provisional que pone bajo la lupa los fondos concedidos para plantas solares, calderas de biomasa y alumbrado público.

El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental encabeza la lista de importes pendientes con 302.833,69 euros, seguido muy de cerca por el Ayuntamiento de Castellgalí, que tiene 173.131,93 euros por justificar. Manlleu, con 153.241,28 euros, y Rubí, con 139.213,92 euros, completan el grupo de mayores saldos, mientras que Tiana, Montmeló y Bagà cierran la relación con cantidades menores pero igualmente sujetas a este trámite de audiencia.

El sistema es estricto: los organismos disponen de quince días hábiles a partir de mañana para presentar las facturas, justificantes o alegaciones que consideren oportunos a través de la plataforma electrónica de la Diputación. Este proceso busca cerrar el ciclo contable de unas ayudas que fueron diseñadas para transformar la gestión energética local mediante inversiones de gran calado, pero cuya burocracia no perdona los plazos vencidos.

La advertencia que acompaña a esta resolución no deja lugar a dudas sobre las consecuencias de ignorar este aviso: si el saldo no se justifica correctamente en este periodo de gracia, la Diputación iniciará el expediente para revocar formalmente las partidas no acreditadas. Se trata de un paso necesario para el cierre definitivo de los expedientes que finalizaron sus plazos de justificación el pasado 31 de marzo y el 15 de mayo de 2026.

Es interesante observar que esta no es una situación excepcional, sino un procedimiento habitual de cierre de programa que ya ha afectado a otros municipios en convocatorias anteriores. En ocasiones, la complejidad administrativa de los proyectos fotovoltaicos sobre terreno o en edificios municipales se traduce en estos ajustes finales donde el papel debe cuadrar con la realidad de la obra ejecutada.

Quienes se vean afectados por este anuncio harán bien en revisar el estado de sus facturas antes de que venza el plazo. La sede electrónica de la Diputación será el único canal válido para presentar la documentación que permita salvar estos importes de una revocación inminente.