Siete municipios deben devolver ayudas forales por limpieza viaria

Siete ayuntamientos de la provincia tienen ahora una tarea administrativa pendiente con la Diputación de Barcelona tras la resolución de la liquidación definitiva de las ayudas para la limpieza viaria invernal. Lo que debía ser un apoyo financiero para mantener los accesos a los núcleos principales y caminos de uso público despejados durante el invierno 2024-2025 ha terminado con una orden de reintegro de fondos que suman en total 7.672,79 euros.

Los consistorios afectados por la revocación total de la ayuda son los de Casserres, Montmajor, Santa Maria de Merlès y el Brull, cada uno de los cuales deberá devolver los 1.500 euros que recibió como pago anticipado. A esta lista se suma el Ayuntamiento de Argençola, que ha presentado su renuncia a la subvención, y el de Castellar del Riu, que deberá reintegrar 172,79 euros tras haber justificado solo parcialmente los trabajos realizados.

La Diputación ha procedido a este ajuste tras expirar el periodo de audiencia concedido a los municipios para presentar las justificaciones pendientes. La institución provincial recalca en su acuerdo que aquellos entes que no hayan hecho efectivo el pago en el plazo máximo de tres meses verán compensada la deuda mediante retenciones en otros pagos o, en última instancia, a través de la vía de recaudación ejecutiva.

No todo han sido devoluciones. Otros municipios como Castell de l'Areny, Guardiola de Berguedà y Saldes han superado el proceso con éxito, al haber logrado justificar el cien por cien de los importes que les fueron asignados inicialmente. En el caso de Guardiola de Berguedà, el importe final justificado ha sido de 1.196,25 euros, mientras que en Castell de l'Areny la cifra alcanzó los 10.386 euros.

El cierre de este expediente, con fecha de 11 de junio de 2026, pone fin a la vía administrativa para esta convocatoria concreta del Plan de cooperación Xarxa de Governs Locals. Los ayuntamientos que han recibido la orden de reintegro disponen ahora de un plazo de dos meses para interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal de Instància de Barcelona si consideran que la decisión no se ajusta a derecho.