Nuevo itinerario peatonal en la carretera BV-4315 de Santa Maria d'Oló

La Diputació de Barcelona ha dado el visto bueno inicial al proyecto para la creación de un itinerario de viandantes en la carretera BV-4315, específicamente entre los puntos kilométricos 0+710 y 0+820. Se trata de una obra de calado presupuestario, valorada en 504.384,54 euros una vez aplicado el 21 por ciento de IVA. Cabe señalar que este desembolso no figuraba en el presupuesto de la Corporación para este ejercicio 2026.

El plan conlleva la expropiación y ocupación temporal de terrenos necesarios para habilitar el paso. Entre los afectados directos figura la parcela 03 del polígono 00688, propiedad de Maria Corrius Berengueras y Jaime Rodoreda Corrius, quienes ven cómo 75,81 metros cuadrados de su terreno pasan a ser destinados a viales y ocupación temporal por parte de la administración. Asimismo, se contempla la afectación de dos parcelas adicionales, la 02 del polígono 00688 y la 24 del polígono 00667, ambas titularidad del Ajuntament de Santa Maria d'Oló.

Si te ves afectado por estas expropiaciones o simplemente deseas examinar el detalle de las obras, tienes un periodo de treinta días hábiles para presentar alegaciones al proyecto y quince para cuestiones relativas a los bienes y derechos expropiados. Este plazo comienza a contar desde el día siguiente a la publicación oficial del anuncio en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

La documentación se encuentra a disposición pública tanto en el tauler d'anuncis del Ajuntament como en la sede electrónica de la Diputació de Barcelona. Es el momento de revisar si los datos de ocupación y los planos de ejecución encajan con la realidad de tus parcelas, ya que, de no producirse reclamaciones en este tiempo, la aprobación del proyecto será definitiva.

En caso de que fuera necesario presentar alegaciones o documentación que contradiga la titularidad expuesta en el expediente, recuerda que la vía abierta es la presentación formal a través de los canales oficiales de la Diputació. La administración dispone de un plazo de seis meses para dictar la resolución definitiva del procedimiento de expropiación, salvo suspensiones legales.