Aprobado el proyecto de mejoras en la carretera BV-2122

Los conductores que habitualmente transitan por la carretera BV-2122 ya conocen el alcance del proyecto que pretende suavizar sus trazados más complicados. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha aprobado definitivamente la memoria constructiva para el año 2026, un plan que supone una inversión total de 1.166.850,26 euros, IVA incluido, aunque los técnicos advierten que esta partida no figuraba en el presupuesto anual vigente de la corporación.

El proyecto, que abarca actuaciones en los términos municipales de Sant Martí Sarroca y Torrelles de Foix, implica la ocupación de terrenos privados. La administración ha tenido que resolver aluviones de alegaciones presentadas por los propietarios afectados, con resultados dispares: algunas estimadas, otras solo parcialmente atendidas, y la correspondiente a la finca número 20, rechazada de plano.

Las cifras del proyecto desglosan un presupuesto de ejecución de 845.794,36 euros, al que hay que añadir 177.616,82 euros de IVA, además de una partida específica de 143.439,08 euros destinada exclusivamente a las expropiaciones. Este despliegue de recursos busca mejorar la seguridad vial en una vía que conecta ambas localidades del Penedès.

El listado de afectados incluye tanto a particulares como a entidades. Entre los nombres que figuran en el documento de expropiación y ocupación temporal se encuentran propietarios como Jordi Vallès Ripoll, con varias fincas citadas, Bellprat Promocions, Pedro Rafecas Domenech, o Francesc Xavier Escofet Rovira, entre otros titulares de terrenos rústicos. La relación de bienes incluye desde viñas y olivares hasta zonas de matorral y cauces naturales.

En el ámbito de las fincas públicas, el proyecto también formaliza mutaciones demaniales y concesiones que afectan a parcelas del Ajuntament de Sant Martí Sarroca, el Ajuntament de Torrelles de Foix y la Agència Catalana de l'Aigua. Estas actuaciones son necesarias para garantizar la continuidad y legalidad de las obras proyectadas.

Aquellos propietarios que consideren que la resolución definitiva afecta negativamente a sus intereses pueden interponer un recurso contencioso-administrativo ante el juzgado competente de Barcelona en el plazo de dos meses, o bien optar por un recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el acuerdo, en este caso en el plazo de un mes. El proyecto ahora publicado en el BOPB entra en su fase de ejecución, dejando atrás el periodo de alegaciones.