Luz verde a la reforma de la carretera del cementiri de Collserola

La mejora de los accesos al cementerio de Collserola ya tiene hoja de ruta definitiva tras la última resolución de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. El proyecto constructivo busca acondicionar los caminos actuales para integrarlos en la red local de carreteras que conecta los términos municipales de Barcelona, Cerdanyola del Vallès y Montcada i Reixac.

La aprobación definitiva de este plan lleva aparejada un presupuesto de ejecución de 3.861.271 euros con 33 céntimos, sin incluir el IVA. Si se suma el impuesto del 21 por ciento, la cifra total de ejecución se eleva a 4.672.138 euros con 31 céntimos, a lo que hay que añadir una partida específica de 222.184 euros con 27 céntimos destinada exclusivamente a las expropiaciones necesarias para llevar a cabo la obra.

El documento oficial incluye un detalle pormenorizado de los bienes y derechos afectados por esta intervención, que afecta a fincas situadas en los tres municipios. Entre los titulares mencionados en el listado, que abarca desde ayuntamientos y organismos públicos como la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau hasta particulares y sociedades como Inmobiliaria y Edificaciones Venlosas, la Diputación ha validado la relación de cesiones, mutaciones demaniales y concesiones requeridas.

Como novedad tras el trámite inicial, la resolución incorpora la estimación de la alegación presentada por el representante de la finca 55, cuyas indicaciones han sido integradas en el proyecto definitivo por el servicio jurídico-administrativo. Esta modificación es parte del ajuste técnico para dar encaje a la nueva infraestructura en un entorno de suelo no urbanizable en su mayor parte.

Aunque el proyecto ya cuenta con el visto bueno formal, la administración advierte que el presupuesto no estaba previsto en las cuentas de la Diputació para este 2026, lo que marcará el ritmo de los próximos pasos contables. Las actuaciones posteriores se realizarán a través de los convenios de cooperación entre las distintas administraciones públicas implicadas.

Los titulares de las fincas afectadas y los ayuntamientos recibirán la notificación oficial con el contenido de estos acuerdos. Aquellos que consideren necesario interponer un recurso de reposición frente a esta decisión administrativa disponen de un plazo de un mes, mientras que el recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de Barcelona puede presentarse en un plazo máximo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación.