Sant Boi de Lluçanès delega la recaudación de tributos en la Diputació

El Ayuntamiento de Sant Boi de Lluçanès ha formalizado un acuerdo con la Diputació de Barcelona para poner orden en su recaudación tributaria. Desde finales de junio de 2026, será el Organisme de Gestió Tributària (ORGT) quien asuma, por cuenta del consistorio, la gestión, inspección y cobro de una amplia lista de tributos y tasas municipales, dejando fuera de este nuevo encargo el suministro de agua y las licencias de apertura.

El alcance de esta delegación es extenso y abarca desde el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el de Actividades Económicas (IAE), hasta el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y el de plusvalías urbanas. También entran en el paquete la gestión de residuos, el alcantarillado, el uso de nichos en el cementerio y las tasas por ocupación de vía pública con materiales de construcción o atracciones, entre otros ingresos de derecho público.

Para el vecino, este cambio implica que el ORGT se convierte en el interlocutor técnico para notificaciones de apremio, liquidación de intereses de demora o la resolución de recursos. El acuerdo, aprobado en el pleno del pasado 25 de junio, tiene una vigencia inicial de dos años, con prórrogas tácitas anuales salvo que alguna de las partes avise con seis meses de antelación.

El convenio también regula el tratamiento de los datos personales necesarios para estas gestiones, asegurando que el personal del ORGT mantenga el deber de sigilo y cumpla con las normativas de protección de datos vigentes. La Diputació se compromete a mantener oficinas abiertas un mínimo de cinco horas diarias para atender a los contribuyentes afectados.

Aunque la Diputació toma las riendas de la recaudación ejecutiva y voluntaria, el Ayuntamiento de Sant Boi de Lluçanès mantiene la titularidad y la capacidad de dictar instrucciones técnicas o recuperar facultades si las necesidades organizativas cambian. Las transferencias de lo recaudado se realizarán de forma quincenal a las arcas municipales.

Quien desee impugnar esta resolución administrativa cuenta con un plazo de dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo ante el tribunal correspondiente en Barcelona, o bien un mes si opta por un recurso de reposición ante el propio órgano que ha dictado el acuerdo.