Bizkaia aprueba el impuesto a las estancias turísticas para 2027

El turismo en el Botxo y en el resto de los municipios de Bizkaia va a tener un coste añadido a partir del 1 de enero de 2027. Las Juntas Generales han dado luz verde a la nueva norma foral que crea el impuesto sobre estancias turísticas, una medida que obligará a pagar una tasa por cada día o fracción de estancia en casi cualquier tipo de alojamiento, desde grandes hoteles hasta viviendas vacacionales o cruceros que atraquen en nuestros puertos.

El tributo no es una opción, sino un impuesto obligatorio que deberán gestionar los ayuntamientos. La norma establece horquillas de precios que irán desde los 0,50 € hasta los 7 € por unidad de estancia, dependiendo de la categoría del establecimiento. Por ejemplo, los hoteles de 5 estrellas y los apartamentos turísticos enteros tendrán un tope de hasta 6,50 €, mientras que los cruceros se mueven en un rango de 6 € a 7 € por cada 24 horas de escala.

La norma incluye un mecanismo para que los ayuntamientos puedan ajustar esta carga a su realidad local. Los municipios con menos de 25 plazas alojativas podrán bonificar el impuesto hasta en un 100 por 100, mientras que aquellos con una presión turística elevada (más de 750 plazas) tendrán la facultad de aplicar un recargo de hasta el 50 por 100 sobre la cuota resultante.

Existen excepciones claras para aliviar el bolsillo de determinados visitantes. No tendrán que pagar este impuesto los menores de 18 años, las personas con discapacidad igual o superior al 65 por 100, pacientes que reciban tratamientos médicos en centros del Servicio Vasco de Salud y sus acompañantes, o quienes se alojen por causas de fuerza mayor. También quedan fuera las estancias subvencionadas por programas sociales públicos.

Un detalle importante para quienes ya tengan planes: si realizaste una reserva antes del 5 de febrero de 2026, te libras del pago. Para el resto, la gestión será trimestral y recaerá sobre el titular del establecimiento, que actuará como sustituto del contribuyente ante la Hacienda foral.

La Diputación revisará el impacto de esta norma cada dos años naturales para realizar las modificaciones necesarias en las tarifas. Mientras tanto, si algún ayuntamiento se despista y no fija sus propios tipos de gravamen mediante ordenanza fiscal antes de enero, se aplicarán directamente los topes máximos previstos en la ley para no dejar ni un euro sin recaudar.