Fiscalización de las cuentas 2023: los puntos críticos de Leioa

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha puesto la lupa en las cuentas del Ayuntamiento de Leioa correspondientes al ejercicio 2023. El informe, ya definitivo, señala una gestión con luces y sombras, donde conviven una imagen fiel del estado patrimonial con una serie de irregularidades en la contratación y los procedimientos internos que el propio tribunal exige corregir.

La principal llamada de atención se centra en la contratación. Los auditores han detectado que el consistorio ejecutó 688.306 euros en cuatro servicios prescindiendo de los procedimientos legales adecuados, y que mantuvo activos seis contratos vencidos sin cobertura contractual por un importe de 1,8 millones de euros. Estas prácticas, según el informe, impidieron realizar las licitaciones conforme a la normativa vigente.

El documento también apunta a desajustes contables, como la falta de imputación presupuestaria de gastos por 735.807 euros que sí estaban registrados en la contabilidad patrimonial, o la clasificación de 86.085 euros en dietas de concejales dentro de gastos de personal en lugar de en compra de bienes y servicios. El tribunal además cuestiona una bonificación fiscal del 50 por ciento en el impuesto sobre construcciones que no tiene encaje legal en la normativa foral.

Leioa ha presentado alegaciones a casi cada punto. El equipo municipal sostiene que muchos de estos errores ya están en fase de corrección. Respecto a la RPT, explican que los puestos de monitores de taller no figuran como plazas fijas por la variabilidad en la demanda de los cursos, y sobre los contratos vencidos, argumentan que algunos ya fueron adjudicados tras la fiscalización.

La demora en adaptar el Plan General de Ordenación Urbana es otro de los puntos calientes. El ayuntamiento justifica el retraso por la complejidad de encajar el nuevo planeamiento con la revisión del Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano, cuyo marco normativo supuso una importante reducción en la cuantificación residencial permitida para el municipio.

El informe final concluye favorablemente sobre la imagen financiera, pero deja una lista de deberes que el Pleno deberá gestionar. La transparencia es la prioridad.