El Consorcio de Transportes frena el contrato de supervisión en intercambiadores

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha decidido pisar el freno y cancelar el proceso de contratación para el apoyo técnico en la supervisión de sus intercambiadores. La licitación, que buscaba empresas externas para tareas de control en estas infraestructuras clave, ha quedado anulada apenas unos meses después de su aprobación inicial el pasado 20 de abril de 2026.

El motivo del desistimiento, según la resolución firmada el 15 de junio por el director-gerente Pablo Rodríguez Sardinero, no es otro que una omisión fundamental en los pliegos técnicos. Al redactar las bases del contrato, se olvidó incluir las cláusulas de incompatibilidad exigidas por la Ley de Contratos del Sector Público para evitar conflictos de interés. Esta normativa busca impedir que las mismas empresas que asesoran o participan en la preparación de proyectos sean, a su vez, quienes los supervisen o controlen después, garantizando así la limpieza en la competencia.

La unidad técnica del Consorcio se percató de que esta carencia era un defecto estructural imposible de corregir sobre la marcha. Mantener el concurso tal y como estaba planteado habría supuesto un riesgo innecesario para la integridad del procedimiento, ya que no se establecían los límites claros sobre qué operadores económicos estaban vetados por haber realizado actuaciones previas en los mismos intercambiadores.

El objeto del contrato, ahora en punto muerto, incluía funciones de calado como la revisión de las obras de mejora de las concesionarias, el control de las averías y la vida útil de los equipos, además de vigilar la legalidad urbanística y la seguridad de los locales comerciales situados dentro de estas estaciones de transporte. Al no estar blindado el pliego ante posibles incompatibilidades, el Consorcio ha preferido empezar de cero.

Aquellos interesados o afectados por esta cancelación disponen ahora de un plazo de un mes para interponer un recurso de reposición ante el propio órgano contratante, si así lo estiman oportuno. Alternativamente, la impugnación por vía contencioso-administrativa ante los juzgados de Madrid puede presentarse en un periodo máximo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación oficial de esta decisión.