Gran Canaria renueva los estatutos de su Consorcio de Emergencias

El Consorcio de Emergencias de Gran Canaria ya tiene sus nuevas reglas de juego. Tras un proceso de información pública que pasó sin una sola reclamación, la Junta General ha dado el visto bueno definitivo a la actualización de sus estatutos. La norma, publicada este lunes en el boletín, ajusta el funcionamiento del organismo al marco jurídico vigente tras años de rodaje.

El documento establece ahora de forma pormenorizada cómo se organiza la casa, desde la presidencia hasta la gerencia, pasando por la composición de su Junta General. Esta última entidad es el corazón del sistema, donde se sientan representantes del Cabildo, el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos de la isla, cada uno con su peso en votos ponderado. El Cabildo, con 400 votos, mantiene la mayor cuota de influencia, seguido por el Gobierno canario con 200, mientras que el resto del poder se reparte entre los 19 ayuntamientos consorciados según su peso poblacional.

La nueva redacción detalla también las líneas rojas y las capacidades del Consorcio. La entidad, que tiene su sede en la calle Pino Apolinario número 84 de Las Palmas de Gran Canaria, blinda su funcionamiento: cualquier cambio de adscripción, por ejemplo, obliga a revisar estos mismos estatutos en un plazo máximo de seis meses. Además, se fijan los límites para las contrataciones y gastos que requieran autorización plenaria, incluyendo el umbral de los 6.010.121,04 euros para operaciones mayores.

Un punto relevante es la participación financiera. El presupuesto se divide en tres bloques: un 20 por ciento lo aporta el Gobierno de Canarias, un 40 por ciento sale de las arcas del Cabildo y el 40 por ciento restante lo cubren los ayuntamientos, según las bases que la Junta General defina. Esta estructura de financiación se revisará cada cinco años para ajustarse a los niveles reales de siniestralidad de la isla.

El texto también aclara cómo entrar o salir del Consorcio. Si un ayuntamiento quiere integrarse, el proceso es ágil con mayoría absoluta, pero si una entidad decide abandonar el barco, debe notificarlo con un año de preaviso y garantizar que sus compromisos económicos están al día. Ninguna separación podrá, en ningún caso, poner en peligro la prestación del servicio de emergencias.

La gerencia asume ahora una capacidad de gasto corriente de hasta 30.000 euros de forma autónoma para gastos a justificar. Las nuevas normas entrarán en vigor a los veinte días hábiles desde su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. El documento, firmado por el presidente Pedro Francisco Justo Brito, deja ya el marco legal listo para el despliegue operativo de los próximos años.