Recurso judicial contra el Plan General de San Miguel de Abona
David González Delgado, Juan Raúl Oliva Díaz y Javier Martín Gutiérrez han llevado a los tribunales la aprobación del planeamiento urbanístico del municipio.
El Plan General de Ordenación Supletorio de San Miguel de Abona, aprobado definitivamente a finales de 2025, se encuentra ahora bajo la lupa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Tres particulares, David González Delgado, Juan Raúl Oliva Díaz y Javier Martín Gutiérrez, han interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la Comisión Autonómica de Informe Único que dio luz verde al documento urbanístico.
Datos clave
- Plazo para personarse
- 9 días
- Número de recurso
- 0000171/2026
- Expediente urbanístico
- 2012/1346
- Sede judicial
- Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sección Segunda, Santa Cruz de Tenerife
El procedimiento ordinario, registrado bajo el número 0000171/2026, ha forzado a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial a remitir el expediente administrativo completo, identificado como 2012/1346, a la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo con sede en Santa Cruz de Tenerife. Con este paso, el proceso judicial entra en una fase de notificación a los interesados.
La resolución, firmada por el director general Onán Cruz Díaz el pasado 15 de junio, busca asegurar que todas las partes potencialmente afectadas conozcan la existencia de este litigio. Entre los emplazados destaca el propio Ayuntamiento de San Miguel de Abona, que ha sido llamado a comparecer en la persona de su alcalde si desea defender sus intereses en este procedimiento.
Quienes se consideren interesados en la causa disponen de un plazo improrrogable de nueve días para personarse ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. La administración responsable de este trámite ya ha confirmado que, una vez que tenga constancia de que los emplazamientos han sido notificados correctamente, enviará copia de los mismos al tribunal para avanzar en la instrucción del caso.
Este movimiento legal supone un nuevo obstáculo para la tramitación definitiva del planeamiento supletorio de San Miguel, un instrumento urbanístico de largo recorrido que vuelve a quedar supeditado a la resolución de los magistrados tras las quejas formales presentadas por los recurrentes.
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