Angélica Corina Marrero Déniz, nueva funcionaria en la Universidad de La Laguna
Tras un largo litigio por la entrega tardía de documentos, la Universidad de La Laguna formaliza el nombramiento de Angélica Corina Marrero Déniz en ejecución de una sentencia judicial.
Angélica Corina Marrero Déniz ya es oficialmente funcionaria de carrera de la Universidad de La Laguna, cerrando así un largo y complejo litigio judicial que comenzó en 2023. Su nombramiento como administrativa en la Facultad de Ciencias de la Salud llega tras un auto de ejecución provisional que ha obligado a la institución universitaria a reconsiderar su situación.
Datos clave
- Toma de posesión
- 15 días naturales
- Puesto
- Administrativa, Facultad Ciencias de la Salud
- Estado judicial
- Pendiente de resolución de apelación
El conflicto se originó cuando la aspirante, que había superado con éxito el concurso-oposición, no pudo presentar la documentación requerida dentro del plazo oficial de veinte días hábiles. La Universidad, aplicando el reglamento, la excluyó del proceso y llegó a nombrar a otra persona, Virginia Ferrer González, para ocupar esa plaza vacante.
Tras el recurso contencioso-administrativo presentado por Marrero Déniz, el Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife reconoció finalmente la existencia de una causa de fuerza mayor que justificó la demora. Aunque la Universidad interpuso un recurso de apelación contra esta decisión, el auto de ejecución provisional ha forzado este nombramiento inmediato mientras se resuelve el proceso judicial pendiente.
Con esta resolución, Marrero Déniz asume el puesto de trabajo número 294, definido como administrativo de Decanato de la Facultad de Ciencias de la Salud. Su incorporación formal se produce después de haber presentado toda la documentación necesaria el pasado 8 de julio de 2026.
Los plazos para tomar posesión son estrictos. La nueva funcionaria dispone ahora de quince días naturales, contados desde la publicación oficial en el Boletín Oficial de Canarias, para formalizar su plaza. Si el traslado supusiera un cambio de localidad de residencia, este periodo se ampliaría a un mes.
La Universidad ha dejado claro que el incumplimiento de este plazo implicaría la pérdida automática del derecho al nombramiento. El proceso legal sigue su curso en instancias superiores, pero por ahora, el puesto tiene dueña.
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