Reparto de ayudas del Instituto Canario de Igualdad para 2026

El Instituto Canario de Igualdad ha cerrado el grifo de las subvenciones para 2026, dejando a ocho asociaciones con los proyectos aprobados y a otras tantas con las manos vacías. La resolución definitiva, publicada este miércoles, reparte un total de 350.000 euros entre las entidades que mejor han superado el corte del proceso de concurrencia competitiva.

El reparto final atiende a dos líneas de actuación distintas. La primera, destinada al fomento del asociacionismo, cuenta con una bolsa de 180.000 euros de la que se benefician ocho organizaciones, mientras que la segunda, centrada en la promoción de la participación social, suma 170.000 euros para otros ocho proyectos. La cuantía mayor de la primera categoría recae en la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva, que se lleva 36.786,15 euros para el mantenimiento de FAMAL.

En el otro lado de la balanza, las desestimaciones dejan nombres destacados fuera. La Asociación Feminista Mercedes Machado ve rechazada su solicitud de contratar a miembros de su junta directiva para tareas técnicas en su proyecto Clara Zetkin, una decisión que el Instituto fundamenta en la prohibición explícita de subcontratar servicios con personas vinculadas a la entidad. Además, el proyecto de la asociación Unidas Creando Materia sobre la mujer mayor canaria también queda excluido por criterios técnicos sobre la naturaleza de la subcontratación.

Los proyectos admitidos tienen ahora la obligación de aceptar formalmente la ayuda en los próximos diez días hábiles desde esta publicación. El dinero llega en forma de abono anticipado, una medida diseñada para inyectar liquidez y evitar que los proyectos se paralicen por falta de caja, siempre que la justificación de los gastos se complete antes del 30 de noviembre de 2026.

La resolución no ha estado exenta de detalles curiosos, como la petición de la asociación Romi Camela Nakerar para pagar honorarios a seis mujeres gitanas por participar en una mesa de diálogo. El Instituto ha concluido que estos pagos no constituyen un gasto subvencionable, al no tratarse de servicios profesionales en sentido estricto, sino de una compensación por su participación en el foro.

Quien no esté conforme con estos números tiene un mes para presentar recurso de reposición o dos meses si opta por la vía contencioso-administrativa. El proceso para 2026 está ya cerrado, y la mirada del Instituto se desplaza hacia la ejecución de las actividades en lo que queda de año.