Canarias y la UNAM lanzan microcredenciales de educación financiera

El Gobierno de Canarias ha sellado un acuerdo con la Universidad del Atlántico Medio (UNAM) para lanzar una serie de microcredenciales enfocadas en la educación financiera. El objetivo del programa es dotar a la ciudadanía de herramientas para mejorar su cultura económica y su autonomía personal, todo bajo un diseño formativo hecho a medida para cubrir necesidades reales.

La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos aportará 25.000 € para financiar el coste de estas acciones. Este dinero se destinará a pagar los precios públicos de las matrículas que los alumnos necesiten para acceder a la formación, garantizando así que la impartición sea gratuita para el estudiante.

La Universidad del Atlántico Medio se encargará de todo el despliegue técnico: desde el diseño y la aprobación de los planes de estudio hasta la docencia y la expedición de los títulos. La universidad, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, gestionará la parte administrativa y académica de cada una de las microcredenciales aprobadas.

El convenio cuenta con una vigencia inicial de cuatro años. Si el fondo de 25.000 € resulta insuficiente para cubrir toda la formación prevista, el acuerdo permite ampliar el presupuesto mediante una adenda formal, tras el visto bueno de la comisión de seguimiento.

La comisión de seguimiento será el órgano encargado de supervisar que todo marche según lo previsto. Estará compuesta por representantes de la Dirección General de Promoción y Diversificación Económica y de la propia UNAM, reuniéndose al menos una vez al año.

Cualquier duda en la interpretación del acuerdo será resuelta de forma amistosa por las partes. Si no fuera posible el consenso, la jurisdicción contencioso-administrativa de Santa Cruz de Tenerife será la encargada de dirimir las controversias.

El acuerdo ya es oficial.

Las acciones formativas integrarán los logotipos del Gobierno de Canarias y de la UNAM en todos sus materiales. La universidad, por su parte, debe certificar el uso correcto de los fondos públicos recibidos para evitar que se mezclen con su patrimonio habitual.