El Parlamento de Canarias exige un semáforo para sus inversiones

El Parlamento de Canarias ha puesto el foco en una de las heridas crónicas de la administración autonómica: la dificultad para transformar los presupuestos en inversiones reales que finalmente vean la luz. Tras revisar la ejecución del Capítulo VI durante el periodo 2019-2023, la Cámara ha emitido una resolución que no se limita a pedir explicaciones, sino que marca una hoja de ruta técnica para evitar que el dinero se quede atrapado en el papel.

La principal medida que se exige es la creación de un sistema de semáforo de ejecución. El objetivo es identificar qué proyectos están realmente listos para salir a concurso y cuáles son, en la práctica, castillos en el aire sin suelo, sin proyectos técnicos o sin permisos ambientales. La idea es clasificar cada partida en tres niveles: inversión ejecutable, inversión en preparación y estudios previos.

Se pide además un plan de choque contra la inejecución. El Gobierno regional deberá identificar los proyectos con remanentes históricos o ejecución nula, señalando quién es el responsable, qué ha fallado y qué camino tomar a partir de ahora: ejecutar, reprogramar o simplemente dar de baja.

Para evitar que esto vuelva a ocurrir, el Parlamento exige endurecer los requisitos de madurez. Ningún proyecto debería entrar en el presupuesto sin tener, al menos, la disponibilidad del suelo asegurada. La improvisación sale cara.

También se busca profesionalizar la gestión. Se plantea crear unidades administrativas especializadas en cada departamento, dotadas de medios personales y jurídicos suficientes, en lugar de confiar la planificación a departamentos desbordados.

La contratación pública también debe cambiar. Se insta a concentrar las unidades vinculadas a inversiones reales y reforzarlas con formación específica y herramientas tecnológicas. La meta es clara: reducir plazos y aumentar la seguridad jurídica.

Los papeles se quedan cortos. La burocracia necesita ritmo.