La Frontera delega la disciplina urbanística en la Agencia Canaria
El Ayuntamiento de La Frontera se adhiere a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural. El acuerdo, que ya es oficial, incluye una aportación económica.
El Ayuntamiento de La Frontera ha decidido delegar en la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural la vigilancia y sanción de las infracciones urbanísticas más graves que ocurran en suelo rústico de asentamiento agrícola y rural. El acuerdo de adhesión ha quedado formalizado tras su reciente publicación en el boletín oficial.
Datos clave
- Importe anual
- 6.677,65 €
- Plazo de pago
- 1 mes desde la entrada en vigor
- Alcance
- Infracciones muy graves en suelo rústico
- Duración
- 4 años
La medida busca que sea el organismo autonómico quien asuma la inspección, supervisión y, en su caso, el restablecimiento de la legalidad física alterada en las zonas donde la ordenanza municipal no cuenta con un planeamiento pormenorizado. Este traspaso de competencias afecta exclusivamente a las infracciones clasificadas como muy graves.
El convenio, suscrito por el alcalde Pablo Rodríguez y la directora ejecutiva Montserrat Ortega, establece un compromiso financiero anual. El municipio deberá aportar 6.677,65 euros para el sostenimiento de la Agencia. Este pago se realizará dentro del mes siguiente a la entrada en vigor del acuerdo para el presente ejercicio.
Las expedientes que ya estuvieran en marcha a la firma del convenio seguirán su curso bajo la gestión municipal original, aunque el Ayuntamiento mantiene la opción de solicitar que la Agencia asuma su tramitación por sustitución. Esta misma fórmula se aplicará si el municipio requiere auxilio para ejecutar de forma forzosa órdenes de restablecimiento del terreno ya dictadas.
La vigencia de este pacto es de cuatro años, con posibilidad de prórroga por un periodo similar si ambas partes lo acuerdan antes de su vencimiento. No obstante, el Ayuntamiento conserva la potestad de denunciar el convenio de manera unilateral en cualquier momento, lo que supondría el cese de la aportación económica desde la fecha de renuncia.
El acuerdo ya es oficial. Entró en vigor con su publicación el 6 de noviembre.
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