Cambios en la plantilla de la Consejería de Economía e Industria
El Ejecutivo canario ajusta la estructura de personal de la Consejería de Economía para adecuarla a sus objetivos estratégicos. El decreto incluye la supresión, creación y modificación de decenas de puestos.
El Gobierno de Canarias ha oficializado una reorganización de los recursos humanos en la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos. El decreto publicado este martes detalla las modificaciones en la relación de puestos de trabajo (RPT) que responden, según el texto oficial, a la necesidad de dotar de personal adecuado a la Dirección General de Industria tras los cambios de competencias derivados de la estructura actual del Ejecutivo autonómico.
Datos clave
- En vigor
- 5 de agosto de 2026
- Ámbito
- Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos
- Recurso reposición
- 1 mes
- Recurso contencioso
- 2 meses
La norma, que entra en vigor este miércoles, despliega un total de cuatro anexos. El Anexo I enumera los puestos suprimidos, el Anexo II recoge los de nueva creación, el Anexo III detalla las plazas modificadas y el Anexo IV presenta la relación resultante tras los cambios.
El despliegue de personal afecta a diversas unidades, desde el Servicio de Desarrollo Industrial hasta el de Fomento Industrial y Artesanal, pasando por el Servicio de Minas y el de Seguridad Industrial. En total, el informe técnico que sustenta este decreto incluye 43 puestos de trabajo.
Los cambios buscan alinear los medios personales con el Plan Estratégico Departamental 2024-2027, con el objetivo declarado de aumentar el peso de la industria en las islas y modernizar el sector artesano. Los ajustes incluyen posiciones que van desde jefaturas de servicio y secretarías de alto cargo hasta auxiliares administrativos y técnicos en diversas especialidades distribuidos entre Gran Canaria y Tenerife.
La resolución agota la vía administrativa. Contra este decreto, los interesados disponen de un plazo de un mes para interponer un recurso potestativo de reposición ante el Gobierno o, en su defecto, dos meses si deciden acudir directamente a la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
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