Luz verde a la reforma de las turbinas de la Central de Granadilla
El Gobierno de Canarias autoriza la renovación técnica de los grupos generadores de la planta de Granadilla de Abona pese a las alegaciones de Disa.
La Central Térmica de Granadilla, en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona, va a renovar sus turbinas G2G y TG3G tras recibir luz verde del Gobierno de Canarias. Esta autorización busca alargar la vida útil de los grupos generadores sin alterar ni la potencia ni el combustible que utilizan. El proyecto garantiza una operación fiable a largo plazo.
Datos clave
- Instalación
- Central Térmica de Granadilla
- Actuaciones
- Renovación y extensión de vida útil
- Turbinas
- G2G (Granadilla 6) y TG3G (Granadilla 7)
- Plazo puesta servicio
- 12 meses desde notificación
La intervención incluye cambios técnicos específicos en ambas máquinas. Se sustituirán carcasas, rotores y álabes, además de actualizar los sistemas de control a la versión MARK VIe. En el caso del ciclo combinado de la turbina TG3G, se sumará el sistema Purge Credit y otro de carga mínima medioambiental, junto a una mejora en la limpieza de los compresores.
El camino hasta esta resolución no ha estado exento de ruido. La compañía Disa Generación presentó alegaciones solicitando la suspensión del procedimiento autonómico, al estar inmersa en un recurso de alzada estatal contra la resolución de concurrencia competitiva que permitió este proyecto.
La Dirección General de Energía ha desestimado las peticiones de Disa. Aunque reconoce a la empresa como parte interesada por su rol en el mercado eléctrico canario, el Gobierno regional considera que este expediente autonómico es independiente del proceso estatal. No hay causa jurídica para paralizar las obras.
El Ayuntamiento de Granadilla también puso deberes al promotor durante la fase de consultas, señalando dudas sobre la documentación técnica y la situación legal de la planta. UECG respondió aclarando que las actuaciones se limitan al interior de las instalaciones actuales sin ocupar suelo nuevo.
La tramitación ambiental también ha quedado resuelta. El Ejecutivo canario concluye que no se necesitan evaluaciones de impacto simplificadas. El proyecto sigue adelante.
Las obras deberán cumplir ahora con todos los condicionantes técnicos y de seguridad. La empresa promotora tiene un plazo de 12 meses para solicitar la puesta en servicio desde la notificación de este permiso.
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