Canarias crea un Observatorio para proteger sus conjuntos históricos
El Gobierno de Canarias pone en marcha un observatorio técnico para coordinar la gestión de los cascos históricos. Tres meses es el plazo máximo para su constitución.
Canarias da un paso para que sus conjuntos históricos, esos rincones donde la historia, la arquitectura y la vida cotidiana conviven bajo presión turística, dejen de ser islas administrativas. El Gobierno autonómico ha oficializado la creación del Observatorio de los Conjuntos Históricos, un nuevo órgano colegiado que nace con la misión de tejer una red de coordinación entre administraciones y expertos.
Datos clave
- Constitución
- Máximo 3 meses desde el 13 de agosto
- Función
- Órgano técnico y consultivo no vinculante
- Adscripción
- Dirección General de Patrimonio Cultural
- Financiación
- Sin incremento de gasto público
El observatorio se estrena sin dientes, pero con una lupa poderosa. No tendrá poder para tomar decisiones ni emitir informes vinculantes, pero su función es la de un think tank regional: analizar, diagnosticar y proponer. Se trata de poner orden en el caos de retos compartidos que van desde la rehabilitación de viviendas hasta la gestión del turismo y la adaptación al cambio climático en los cascos urbanos con protección patrimonial.
La estructura es multidisciplinar y busca un equilibrio territorial. El Pleno, órgano superior de deliberación, contará con representantes de las consejerías autonómicas, los siete cabildos insulares que tienen conjuntos históricos declarados bien de interés cultural, universidades, el Consejo Canario de Colegios de Arquitectos y la Federación Canaria de Municipios. Además, San Cristóbal de La Laguna tendrá voz propia, al ser el único municipio con la distinción de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Todo este despliegue se organiza para evitar que cada ayuntamiento intente resolver sus problemas de conservación en solitario. La Comisión Permanente será el motor que impulse el día a día, preparando los temas que llegarán a las sesiones plenarias. No habrá dietas ni sueldos extra por asistir: la normativa es clara en que el funcionamiento no debe suponer ni un euro adicional de gasto público.
El observatorio tiene un plazo de tres meses desde hoy para constituirse formalmente. La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, bajo cuyo paraguas se crea, servirá de base técnica. Ahora falta ver si este nuevo foro logra que las buenas intenciones de la Declaración de Betancuria se conviertan en medidas concretas para los vecinos de estos conjuntos.
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