Luz verde a la Asociación de Propietarios del Camino Viejo de Simancas

El sector SE(r)56-02, conocido como Camino Viejo de Simancas, ya cuenta con sus propias reglas de juego para la gestión urbanística. El Ayuntamiento de Valladolid ha dado luz verde al proyecto de estatutos que regirá la nueva Asociación de Propietarios de este ámbito, un paso necesario para que los dueños de los terrenos puedan coordinar la futura urbanización de la zona.

La entidad nace con el objetivo de ejecutar las obras de planeamiento mediante el sistema de cooperación, permitiendo a los propietarios asociarse de forma voluntaria para gestionar los costes y beneficios de la transformación urbanística. Tres mercantiles han sido las impulsoras del proyecto: Profal XXI, S.L., Monte Otero, S.A. y Coliseum Inversiones Estratégicas, S.L.

Estas sociedades acreditan la titularidad de, al menos, el 25 por ciento de la superficie del sector, el mínimo legal exigido para arrancar el proceso. Aunque el trámite inicial de audiencia pública no recibió alegaciones, los promotores aprovecharon para ajustar detalles técnicos en los artículos 8.5, 16.3, 29.5 y 27 de los estatutos.

La nueva asociación establece su sede en el número 5 de la calle Zúñiga, en pleno centro de Valladolid. Su funcionamiento será indefinido y su patrimonio se nutrirá de las cuotas de los socios, subvenciones, derramas o la venta de aprovechamientos urbanísticos reservados para financiar los trabajos.

Los estatutos detallan minuciosamente cómo se integrarán los nuevos socios, los mecanismos de tanteo y retracto para las transmisiones de terrenos, y los criterios para designar a los cargos de la Junta. También prevén el papel del Ayuntamiento, que interviene no solo como administración, sino también como propietario de terrenos y urbanizador.

El texto incluye una salvaguarda importante respecto a una modificación del Plan General de Ordenación Urbana que afecta a los sistemas generales adscritos al sector. Los propietarios asumen que, hasta que dicho cambio urbanístico no sea definitivo, no se podrá aprobar el proyecto de reparcelación final. Los afectados por esta modificación tendrán un mes de plazo tras su publicación oficial para optar entre compensar gastos mediante aprovechamiento o abonar las cantidades en metálico.