Nuevas bases reguladoras para el programa de empleo OFI en Castilla y León
Ver las 33 ayudas abiertas en Castilla y León →Castilla y León renueva los criterios para el Programa de Orientación, Formación e Inserción. Los proyectos que apuesten por el entorno rural y compromisos de contratación puntuarán más en las próximas convocatorias.
El Servicio Público de Empleo de Castilla y León ha publicado esta semana las nuevas reglas para el Programa de Orientación, Formación e Inserción (OFI). Si trabajas en el sector de la formación o gestionas una entidad que busca mejorar la empleabilidad en la región, conviene repasar el nuevo marco regulador. El documento anula y sustituye a la orden de 2022.
Datos clave
- Plazo subsanación
- 10 días
- Cofinanciación
- 60% FSE+
- Puntos rural
- 10 puntos extra
- En vigor
- Desde el miércoles
La normativa se aplica a itinerarios integrados, que combinan orientación, formación e inserción laboral para personas desempleadas. La gran novedad es la apuesta por una estructura más flexible, permitiendo lanzar convocatorias separadas o conjuntas según las necesidades detectadas en el mercado laboral y la disponibilidad presupuestaria. El programa cuenta con cofinanciación europea del 60 por ciento a través del FSE+.
Las entidades interesadas en solicitar estas futuras subvenciones deben estar inscritas en los registros oficiales de formación. Además, el texto subraya la obligación de disponer de centros físicos en la Comunidad o acreditar la disponibilidad de las instalaciones donde se impartirán las sesiones.
La norma detalla con precisión los criterios de valoración para las futuras concesiones. Se primarán los proyectos que incluyan compromisos reales de inserción laboral firmados con empresas contratantes. Un compromiso de insertar a cuatro o más participantes sobre el mínimo exigido suma 15 puntos adicionales en el baremo.
El desarrollo rural también gana peso en el cálculo de puntos. Se otorgarán 10 puntos extra a aquellos proyectos que se ejecuten íntegramente en municipios con menos de 10.000 habitantes que mantengan un carácter rural, evitando los núcleos industriales o periféricos que ya cuentan con más servicios.
La gestión administrativa se digitaliza por completo. La relación con el Servicio Público de Empleo será exclusivamente electrónica, desde la solicitud hasta la presentación de la memoria final. Si la solicitud está incompleta, habrá diez días de margen para subsanar antes de que se considere desistida.
Las obligaciones de las entidades son exhaustivas. Incluyen la suscripción de seguros contra accidentes laborales, el control diario de asistencia y la obligación de comunicar cualquier abandono de alumnos de forma inmediata. La falta de comunicación en plazo implica que la actividad se considere no realizada, con el consiguiente impacto en la liquidación de la subvención.
Las sanciones por incumplimiento también se endurecen. El falseamiento de datos conlleva el reintegro total del 100 por ciento de las cantidades recibidas, más intereses de demora. Por errores menores o inejecución parcial, las reducciones oscilan entre el 25 y el 30 por ciento del importe asignado al proyecto afectado.
La orden entra en vigor este miércoles.
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