Ayudas para empresas en Castilla y León con trabajadores en ERE

Las empresas de Castilla y León que hayan tenido que recurrir a expedientes de regulación de empleo (ERE) temporales tienen desde esta semana una nueva vía para aliviar su carga de costes. La Junta ha publicado las bases reguladoras de una línea de ayudas diseñada específicamente para sufragar las cuotas empresariales de la Seguridad Social de aquellos trabajadores que han visto sus contratos suspendidos o sus jornadas reducidas. Es un respiro, pero condicionado a un compromiso firme de continuidad en las plantillas.

El objetivo es claro: frenar la destrucción de empleo en situaciones donde el mercado o los imprevistos climáticos han forzado un parón. La ayuda cubre las cuotas por contingencias comunes que la empresa haya liquidado y pagado, siempre que no hayan sido exoneradas por otras vías, con un tope máximo de 5.000 euros por cada beneficiario que logre encajar en la letra pequeña de esta convocatoria.

No todo vale. El acceso a estos fondos exige haber pactado la suspensión o reducción de jornada con los representantes de los trabajadores, ya sea por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o bien cuando el origen sea una fuerza mayor, como un fenómeno meteorológico adverso o una emergencia de protección civil. El mantenimiento del empleo es el eje central de esta política pública.

La norma impone un horizonte de 12 meses. Una vez iniciado el expediente, la empresa deberá acreditar al año de esa fecha que mantiene al menos el 65 por ciento de su plantilla media original. Si la plantilla cae por debajo del 50 por ciento, la devolución de la ayuda será total. Si se sitúa entre el 50 y el 65 por ciento, el reintegro parcial será del 50 por ciento de la cuantía recibida.

La gestión es totalmente digital y telemática. Los interesados deberán esperar a que se publique la convocatoria específica en el Portal Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta para iniciar el trámite. El procedimiento se resolverá por orden de entrada de solicitudes, siempre que el expediente esté completo y haya dinero disponible en la caja foral.

El criterio de prioridad es el registro.

Todo se gestiona en la sede electrónica autonómica. La Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales será la encargada de supervisar que cada papel, certificado y cifra cuadre antes de dar el visto bueno al pago. Las bases dejan claro que, si el solicitante no cumple con la publicidad institucional exigida, podría enfrentarse a un reintegro parcial. La administración no deja hilos sueltos.