Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental·Boletín Bien de Castilla y León,

Navares de Ayuso autoriza la gran ampliación de su granja porcina

La granja porcina de Navares de Ayuso podrá multiplicar su capacidad tras recibir el visto bueno ambiental de la Junta. La obra proyectada exige nuevos controles para la gestión de purines y el entorno rural.

Navares de Ayuso va a ver crecer su actividad ganadera. La Junta de Castilla y León ha dado luz verde a la declaración de impacto ambiental para la ampliación de una granja porcina en la parcela 123 del polígono 5, un proyecto que triplicará prácticamente su capacidad actual. La resolución es firme.

Datos clave

Plazo
4 años para iniciar las obras
Capacidad
8.736 cabezas y 719,88 UGM
Fosa purines
3.918,75 metros cúbicos
Control aguas
3 piezómetros obligatorios

El promotor, la comunidad de bienes Pablo Castro y Paulino de Frutos, podrá pasar de los 2.496 lechones actuales a una cifra de 8.736 cabezas. El desglose incluye también 2.000 cerdas reproductoras con lechones, 314 cerdas de reposición y 4 verracos. La carga ganadera total ascenderá a 719,88 Unidades de Ganado Mayor.

La ampliación requiere una nueva fosa de purines de 3.918,75 metros cúbicos para garantizar una capacidad de almacenamiento mínima de 9 meses. Este depósito es clave para cumplir con las exigencias de fertilización y protección de aguas, dado que la explotación generará más de 14.500 metros cúbicos de deyecciones anuales.

La instalación deberá aplicar medidas específicas de integración paisajística, usando colores ocres o terrosos para las nuevas fachadas, y crear una pantalla vegetal con especies autóctonas alrededor de los edificios. El control de olores también es parte del condicionado, con un plan de gestión que limita las horas de esparcido y prohíbe el transporte por el interior de los núcleos urbanos.

La vigilancia será constante. El promotor debe instalar tres piezómetros para controlar la calidad de las aguas subterráneas y presentar un informe anual ante la administración autonómica. Si las obras no comienzan en un plazo de cuatro años, este permiso perderá su validez automáticamente.

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