Cuéllar: la granja porcina de Álvarez Petrut actualiza su autorización
La Consejería de Agricultura ha resuelto la revisión de la autorización ambiental de esta explotación segoviana para adaptarla a las nuevas normas europeas sobre purines.
La granja de porcino de Álvarez Petrut, situada en el término municipal de Cuéllar, tiene desde esta semana su autorización ambiental actualizada. Este cambio normativo no es una simple formalidad, sino el paso necesario para integrar la explotación en las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) que exige la normativa europea para la cría intensiva de cerdos.
Datos clave
- Titular
- Álvarez Petrut Titularidad Compartida de Sociedad Agraria
- Capacidad
- 1.149 cerdas y 3.304 lechones
- Ubicación
- Cuéllar (Segovia), parcela 50, polígono 302
- Plazo de inicio
- 6 meses desde la recepción de la notificación
- Recursos
- Recurso administrativo (1 mes) o contencioso (2 meses)
La revisión llega tras años de adaptaciones técnicas en la parcela 50 del polígono 302. El centro cuenta con capacidad para 1.149 cerdas con lechones, 3.304 lechones de engorde, 50 cerdas de reposición y un verraco. Toda esta actividad, que genera un volumen anual de 6.736,16 metros cúbicos de estiércoles, debe ahora ajustarse a los nuevos estándares de gestión de purines, protección de aguas subterráneas y eficiencia energética.
El expediente, que integra todas las modificaciones autorizadas desde 2013, subraya la obligatoriedad de implementar sistemas de reducción de amoniaco y métodos de gestión de deyecciones que minimicen el impacto ambiental. La empresa dispone ahora de un plazo de seis meses, desde que reciba la notificación oficial, para poner en marcha sus actividades bajo este marco actualizado.
La resolución, firmada el 11 de agosto de 2026, pone fin a la vía administrativa. Contra ella cabe interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes o, alternativamente, presentar recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en un plazo de dos meses.
Los registros de la explotación estarán bajo la lupa de los inspectores, que verificarán el cumplimiento de estos condicionantes en las visitas iniciales. La adaptación es total. La sostenibilidad manda.
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