Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental·Boletín Bien de Castilla y León,

La granja porcina de Adradas se adapta a las nuevas normas ambientales

La explotación de Juan José Hernando Morón en Adradas debe actualizar sus instalaciones tras la revisión ambiental. El titular tiene un plazo marcado para cumplir con las nuevas técnicas frente a la contaminación.

La granja porcina Granja Porcina JJ. Hernando, situada en el término municipal de Adradas, se enfrenta a una puesta a punto obligatoria. La Junta de Castilla y León ha dictado una orden que modifica su autorización ambiental original, vigente desde 2009, para adaptar la actividad a las nuevas exigencias europeas sobre las mejores técnicas disponibles en la cría intensiva de cerdos.

Datos clave

Plazo
6 meses para adaptar instalaciones, 1 año para almacenamiento
Capacidad
3.120 plazas de cebo
Ubicación
Adradas
Titular
Juan José Hernando Morón

El centro, propiedad de Juan José Hernando Morón, cuenta con una capacidad para 3.120 plazas de cebo. Tras el proceso de revisión, la instalación deberá cumplir con un estricto condicionado ambiental. Entre las obligaciones destaca la implementación de un sistema de gestión y la mejora del almacenamiento de deyecciones para evitar riesgos de contaminación en una zona vulnerable por nitratos.

La resolución detalla las exigencias técnicas. Se requiere un mínimo de tres piezómetros para controlar fugas, la cubrición de balsas y sistemas de aplicación de purines que reduzcan el impacto de olores. Además, el plan anual de gestión de estiércoles deberá mantenerse actualizado y estar disponible para la inspección en todo momento.

El procedimiento ha sido objeto de alegaciones por parte de la asociación ASDEN, que cuestionó aspectos como la gestión de cadáveres y el control de escorrentías. La administración ha respondido reafirmando la obligatoriedad del cumplimiento de las técnicas mencionadas.

La orden, firmada el 20 de julio de 2026, marca un calendario claro. El titular dispone de seis meses para adaptar las instalaciones y un año para poner en marcha nuevas infraestructuras de almacenamiento de deyecciones. El incumplimiento de estas condiciones podría dar lugar a expedientes sancionadores.

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