Agropecuaria El Ribazo, autorizada para su explotación en Domingo García

Agropecuaria El Ribazo, S.L. ha recibido la autorización ambiental integrada para su explotación porcina en Domingo García, un proyecto que ha superado el examen administrativo tras más de dos años de tramitación. La granja, situada en la parcela 807 del polígono 1, se especializa en la cría de cerdas de reproducción, con una capacidad total que incluye 1.672 cerdas reproductoras, 276 cerdas de reposición, 3.500 lechones de 6 a 20 kilogramos y 8 verracos. La resolución, firmada por la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, no es solo un papel, sino un compromiso con las normas de emisiones industriales y de gestión de estiércoles que rigen la actividad en Castilla y León.

Todo el proyecto debe ajustarse estrictamente a las mejores técnicas disponibles para minimizar su impacto en el entorno. La explotación cuenta con un sistema de gestión ambiental interno y deberá auditarlo antes del 1 de julio de 2027, repitiendo el proceso cada tres años para asegurar que el cumplimiento de los estándares no decae.

El manejo del estiércol es el núcleo de este control. La granja prevé generar unos 10.701 metros cúbicos de estiércol al año. Para gestionar este volumen, la autorización impone que al menos el 70 por ciento se derive a una planta de tratamiento externa, preferiblemente de biogás, mientras que el resto debe seguir métodos de reducción de nitrógeno in situ, cumpliendo con la normativa técnica vigente.

La ubicación en Domingo García es clave. La granja se sitúa a 2.460 metros del núcleo urbano, a 360 metros de la carretera SG-V-3414 y a más de 1.000 metros de cualquier otra explotación porcina. El cumplimiento de estas distancias es un requisito innegociable de seguridad y convivencia.

El control de las aguas subterráneas será permanente. La instalación dispondrá de al menos tres piezómetros, uno aguas arriba y dos aguas abajo, para asegurar que no se produzcan filtraciones no deseadas. El primer análisis de calidad, denominado en el expediente como blanco ambiental, deberá presentarse en el plazo de un año desde el inicio efectivo de la actividad.

Cualquier residuo peligroso, desde aceites hasta envases contaminados, se almacenará en un recinto cubierto y sobre superficie impermeable, con un tiempo máximo de estancia de seis meses. La empresa tiene cinco años para poner en marcha la actividad desde la notificación de este permiso. Si no se inicia la ejecución en cuatro años, la declaración de impacto ambiental perderá su vigencia.

El proyecto, que ha pasado por el escrutinio de diversos servicios territoriales, ha superado los periodos de información pública sin recibir alegaciones. Contra esta resolución, que cierra la vía administrativa, cabe interponer un recurso de reposición en el plazo de un mes o, en su defecto, uno contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en dos meses.