Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental·Boletín Bien de Castilla y León,

La explotación porcina de Diego Tejero Pascual en Cuéllar se adapta a las MTD

La granja de Cuéllar actualiza su autorización ambiental para cumplir con los estándares europeos de cría intensiva. El titular dispone de seis meses para iniciar la actividad bajo este marco técnico.

La explotación porcina ubicada en Cuéllar, propiedad de Diego Tejero Pascual, ya tiene su autorización ambiental actualizada. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha publicado la orden que pone al día las condiciones de esta granja para adaptarlas a las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) fijadas por la normativa europea. Esta revisión integra en un solo documento las distintas modificaciones que la instalación ha ido sumando a lo largo de los años.

Datos clave

Plazo
6 meses para iniciar la actividad
Capacidad
2.700 cerdos de cebo y 1.858 lechones
Balsa purines
5.040 metros cúbicos
Recurso
1 mes (reposición) / 2 meses (contencioso)

La granja, situada en las parcelas 99 y 100 del polígono 507, opera con una capacidad de 2.700 cerdos de cebo (de 20 a 120 kg) y 1.858 lechones (de 6 a 20 kg). La resolución ratifica la modificación no sustancial número 3, que se centra en la adecuación de la capacidad de la balsa de purines número 2, que alcanza los 5.040 metros cúbicos.

El expediente, que no ha recibido alegaciones durante su periodo de información pública, subraya la obligación de mantener un estricto control sobre la gestión de residuos y deyecciones. La explotación debe garantizar la estanqueidad de todas sus instalaciones y seguir los protocolos de valorización agrícola de los purines para evitar cualquier riesgo de contaminación hacia acuíferos o terrenos próximos.

El titular tiene ahora un plazo de seis meses para iniciar la actividad bajo estas nuevas condiciones, una vez que reciba la notificación oficial. La orden especifica además que cualquier gestión de purines que se realice debe contar con un plan actualizado anualmente y bajo una base de terreno agrícola suficiente para absorber las necesidades de abonado, respetando las distancias de seguridad fijadas por ley.

Como parte del seguimiento, se deberá realizar un control periódico de los niveles de amoniaco y una supervisión anual de los consumos de agua, energía y piensos. La explotación está clasificada como pequeño productor de residuos peligrosos y deberá mantener un archivo electrónico al día de todos los movimientos de residuos que genere.

Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso de reposición en el plazo de un mes o contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses, siempre a contar desde el día siguiente a su notificación.

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