Universal de Alimentación renueva equipos en su planta de Villaturiel

La planta de tratamiento de subproductos de origen animal que Universal de Alimentación (Unalsa) gestiona en Alija de la Ribera, dentro del término municipal de Villaturiel, estrena una nueva fase técnica tras la autorización ambiental concedida por la Junta. Esta actualización, denominada como modificación no sustancial número 16, permite a la empresa renovar equipos clave en su proceso diario sin que ello implique un aumento de su capacidad productiva, que se mantiene en torno a las 20.000 toneladas anuales.

El cambio principal afecta al centro de transformación eléctrica, que ahora pasa a ubicarse en un edificio prefabricado en lugar de estar al aire libre. La nueva instalación cuenta con una potencia de 630 kVA y se acompaña de la sustitución total de la línea de alta tensión subterránea, una mejora diseñada para atender con mayor fiabilidad las necesidades energéticas de la planta leonesa.

La renovación se extiende a la maquinaria de procesamiento de crudos. El antiguo triturador «rápido» ha sido sustituido por un modelo «lento» más robusto, optimizado para reducir el consumo energético y mejorar el rendimiento de la planta. Asimismo, la empresa ha instalado una centrífuga de grasa de mayor capacidad para evitar los cuellos de botella que las antiguas máquinas provocaban en las labores de mantenimiento.

Estos ajustes, formalizados el 10 de junio de 2026 y validados por el Servicio de Prevención Ambiental, no suponen cambios sustanciales en el funcionamiento ni en el impacto ambiental de la industria. La actividad, que emplea a 22 personas, sigue operando bajo su autorización original de 2008, ahora actualizada para reflejar estas mejoras técnicas.

La orden administrativa que avala estos movimientos ya es oficial. Los trabajos no alteran las fases de trabajo ni los regímenes de turnos. Todo sigue igual pero más eficiente. Cualquier persona interesada en impugnar esta resolución dispone de un mes para interponer un recurso de reposición ante la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, o bien dos meses para acudir a la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.