Nuevas tarifas y trámites para los peritos judiciales en Catalunya

Los peritos que trabajan para la administración catalana tienen nuevas reglas de juego desde este mes de octubre. La Generalitat ha actualizado el marco que regula cómo se contratan, cómo se pagan y cómo se organizan sus listas para trabajar en los tribunales y fiscalías con sede en Catalunya, dejando atrás el sistema que estaba en vigor desde 2009.

El cambio más notable para los profesionales es la eliminación de los baremos clásicos para los peritajes ordinarios. En su lugar, la orden fija un importe único para cada tipología de objeto. Por ejemplo, una tasación de bienes muebles o vehículos se pagará a 85,00 €, mientras que una auditoría empresarial asciende a 784,00 €, importes que ya incluyen el IVA y los posibles gastos de desplazamiento o asistencia a juicio.

¿Qué pasa si el trabajo es más complejo? Para esos casos, la norma introduce la figura del peritaje extraordinario. En estas situaciones, el pago no es fijo, sino que se calculará mediante un importe por hora de 60,00 €, IVA incluido. Eso sí, para cobrar esta modalidad será obligatorio solicitar una autorización previa a las gerencias territoriales antes de empezar a redactar el informe.

Todo el trámite se digitaliza por completo. El perito deberá gestionar la solicitud de pago mediante el portal de la Sede judicial electrónica de Catalunya, adjuntando el certificado de prestación del servicio firmado por el letrado de la Administración de justicia. El plazo para iniciar este trámite es de tres meses desde la fecha en que se firme dicho certificado.

La norma también refuerza el papel de los colegios profesionales y entidades similares, que serán los encargados de mantener las listas de expertos y de garantizar que estos cuenten con la formación necesaria. Es una gestión que se hará anualmente, cada mes de enero, para asegurar que los listados estén actualizados.

La eficiencia es clave. Si un perito se salta el procedimiento digital o el plazo establecido, el Departamento de Justicia solo se compromete a abonar las cantidades fijadas para los peritajes ordinarios, dejando cualquier otra reclamación para cuando el procedimiento judicial sea firme.

Por último, la orden regula cuándo el Departamento puede pedir el reintegro de lo pagado. Si una resolución judicial impone las costas a la parte contraria, el profesional tiene la obligación de devolver al erario público el importe que ya cobró si, además, consigue cobrar por la vía extrajudicial o directamente de la parte condenada.