Nace el Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos
Cataluña pone en marcha un nuevo organismo público autónomo para auditar el impacto social y ambiental de las empresas catalanas que operan en el extranjero.
El tejido empresarial catalán con proyección internacional cuenta desde esta semana con un nuevo observador. La Generalitat ha promulgado la Ley 12/2026, de 20 de julio, que crea el Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos, un organismo público autónomo diseñado para vigilar que las actividades de nuestras corporaciones en el exterior no se salten el respeto a los derechos humanos ni las normativas medioambientales internacionales.
Datos clave
- Entrada en vigor
- 22 de julio de 2026
- Composición Junta
- 11 miembros (8 Parlament, 3 Govern)
- Plazo reglamento
- 1 año desde la entrada en vigor
- Naturaleza
- Entidad pública con autonomía
El centro nace con una vocación preventiva. Entre sus funciones principales destaca la elaboración de informes anuales públicos, la creación de un mapa de riesgos y la puesta en marcha de mecanismos de mediación para resolver conflictos sin necesidad de llegar a la vía judicial. No busca ser un ente punitivo, sino un instrumento de seguimiento, innovación y sensibilización que trabaje en estrecha colaboración con la Agencia por la Competitividad de la Empresa.
La estructura de este nuevo organismo busca independencia política. Su máximo órgano será una Junta de Gobierno compuesta por once personas: tres designadas directamente por el Gobierno y ocho elegidas por el Pleno del Parlamento, previa propuesta de un Consejo Asesor. Para garantizar este perfil técnico, la norma exige que sus miembros no ocupen cargos públicos ni tengan vínculos recientes con las empresas que el centro debe supervisar.
El Consejo Asesor, pieza clave en este engranaje, será un órgano colegiado y plural. En él tendrán voz representantes del Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo, el Síndic de Greuges, sindicatos (CC.OO. y UGT), patronales (Foment del Treball y Pimec), la Confederación de Cooperativas, la Mesa del Tercer Sector, el Consejo Nacional de las Mujeres y el Consejo de los Ilustres Colegios de la Abogacía de Cataluña.
Los cimientos ya están marcados. La ley contempla la aprobación de un reglamento orgánico en el plazo de un año para definir el detalle de su funcionamiento interno, mientras que los gastos derivados de su actividad se ajustarán a los presupuestos de la Generalitat a partir del ejercicio posterior a la entrada en vigor de esta norma.
El centro nace. Ahora queda ver su despliegue real.
La norma entró en vigor el 22 de julio de 2026, un día después de su publicación oficial.
Doble confirmación. Cancela cuando quieras.