Reorganización interna en el Departamento de Educación y Formación
El Departamento de Educación actualiza su reparto de funciones y firma de gastos para ganar agilidad. Empresas y centros ya saben quién autoriza cada trámite.
El Departamento de Educación y Formación Profesional ha reorganizado su estructura interna para agilizar trámites cotidianos que, hasta ahora, requerían el visto bueno directo de la Consejera. Esta delegación busca adaptar la administración a una realidad organizativa distinta, redistribuyendo competencias de firma y gasto entre directores generales, gerentes y secretarios territoriales.
Datos clave
- Entrada en vigor
- 14 de agosto de 2026
- Inicio contratación
- 15 de septiembre de 2026
- Consejera
- Esther Niubó Cidoncha
El cambio es relevante para proveedores, ayuntamientos y centros educativos que colaboran con el Departamento. A partir de ahora, la capacidad para autorizar contratos, firmar convenios o gestionar transferencias queda repartida según el importe del gasto, evitando embudos burocráticos en la toma de decisiones.
La nueva estructura establece niveles de responsabilidad claros según la cuantía. Por ejemplo, los contratos de servicios superiores a 300.000 € siguen bajo la batuta de la Secretaría General, mientras que las direcciones generales asumen la contratación de entre 15.000 € y 300.000 €, además de la contratación menor.
Las direcciones de servicios territoriales ganan autonomía en áreas clave. Ahora pueden autorizar convenios sin contenido económico o patrimonial, gestionar gastos menores en responsabilidad patrimonial inferiores a 3.000 € y contratar profesorado especialista de carácter temporal en sus respectivas zonas de actuación.
La gestión económica de los fondos por justificar también se descentraliza. La Dirección de Servicios mantiene la aprobación inicial, pero la Subdirección General de Gestión Económica asume la autorización de gastos para el personal que no sea alto cargo y la aprobación de las cuentas justificativas finales.
En materia procesal, la Secretaría General centraliza las decisiones de calado judicial. Se reserva la disposición del cumplimiento de sentencias, la comparecencia en procedimientos judiciales contra el Departamento y la autorización para interponer recursos de casación.
El Consorcio de Educación de Barcelona también ajusta sus funciones. Su gerencia asume la contratación de profesorado especialista y la atribución de nombres específicos para los centros educativos de su ámbito, garantizando una gestión más cercana a las necesidades de la capital.
Los expedientes en curso no se ven afectados por este cambio. Seguirán su tramitación ordinaria hasta el final bajo la unidad que tenía la competencia originalmente, evitando así interrupciones en procesos administrativos ya iniciados.
La resolución entra en vigor de forma general el 14 de agosto de 2026. La excepción reside en las delegaciones relativas a la contratación, que no serán efectivas hasta el 15 de septiembre de 2026. Todo listo.
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