Tivissa III logra la luz verde definitiva pese a la oposición forestal

El parque eólico Tivissa III ha logrado un paso definitivo en su tramitación, aunque el camino no ha sido sencillo. El Gobierno de la Generalitat ha declarado finalmente su utilidad pública y, lo que resulta más relevante, ha dictaminado su prevalencia sobre la protección forestal de dos montes públicos de Tarragona. La decisión pone fin a un largo pulso administrativo donde la necesidad de nuevas fuentes renovables ha acabado por imponerse a las alegaciones que advertían de un impacto estructural sobre el suelo forestal.

El proyecto, promovido por la empresa Desarrollos Eólicos Tivissa III, SLU, se asienta sobre terrenos no urbanizables del municipio de Tivissa. La infraestructura incluirá un parque eólico con una potencia de 43,2 MW, además de las líneas subterráneas a 30 kV y 66 kV, y dos subestaciones eléctricas: la SET Tivissa 30/66 kV y la SET Vandellòs 66/400 kV. Estas obras ocuparán espacios que hasta ahora estaban blindados bajo la calificación de utilidad pública.

La controversia se centraba en el monte Comuns de la Vila, propiedad del Ayuntamiento de Tivissa, y el monte Maleses i Garrigues, perteneciente a la Generalitat. La Sección de Bosques y Recursos Forestales de Tarragona había emitido informes desfavorables, alertando de que la fragmentación del territorio y la alteración de los valores de protección forestal eran incompatibles con el proyecto. La Administración ha desestimado estas objeciones, amparándose en la normativa europea y catalana que cataloga el despliegue de renovables como una causa de interés público superior.

La tramitación ha sido densa. Durante el periodo de información pública, se presentaron 53 alegaciones de particulares y cinco de personas jurídicas. Algunos propietarios denunciaron la falta de valoraciones precisas en la separata de afecciones, especialmente respecto al arbolado y los márgenes de piedra seca. Otros solicitaron la nulidad de la autorización administrativa y del proyecto completo.

El Gobierno ha validado el proyecto asegurando que los condicionantes medioambientales impuestos en 2024, y posteriormente revisados en los estudios de viabilidad, garantizan la protección del entorno. Se recalca que la pérdida de masa forestal será mínima, limitándose a los caminos y plataformas de los aerogeneradores. Además, se añade que el aprovechamiento histórico del monte, principalmente apícola, no sufrirá daños significativos.

La decisión agota la vía administrativa. Contra este acuerdo, los interesados aún disponen de la vía judicial: tienen un mes para interponer un recurso potestativo de reposición ante el Gobierno o dos meses para acudir directamente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La obra ya cuenta con luz verde.